La Fiscalía federal recomendó este lunes que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sea sentenciada a cumplir un año en la cárcel.

En un extenso memorando de 33 páginas, el Ministerio Público explicó que la condena propuesta es necesaria por la naturaleza de los delitos en este caso.

“La gravedad de este tipo de corrupción política y el daño al público y a la integridad del proceso electoral justifican la imposición de una pena de prisión”, sostuvo la moción, firmada por los fiscales Seth A. Erbe y Myriam Y. Fernández González.

Agregó que “el castigo en forma de prisión promueve el respeto a las leyes electorales y disuade a otros, incluyendo a quienes se postulan a cargos electos, de incurrir en conductas corruptas”.

“Esto es especialmente cierto en este caso, donde se causó un daño intangible incalculable al pueblo de Puerto Rico. Por estas razones, el Ministerio Público sostiene que la pena recomendada de doce meses de prisión es justa y razonable”, agregó.

Asimismo, los fiscales también sugirieron que se le fije una multa por una cantidad que el Tribunal Federal considere “apropiada”.

De igual forma, dejó a discreción de la jueza Silvia Carreño Coll el tiempo de libertad supervisada al salir de prisión.

Hasta el momento, la defensa no ha contestado ni ha radicado su propio memorando de recomendación de sentencia.

Sin embargo, la Fiscalía federal incluyó en su moción un cálculo de las guías de sentencia que “las partes acordaron”. Esa tabla concluye con un resultado de 10 puntos, indicando que implica una condena de entre “6-12 meses”. También apunta a que la Oficina de Probatoria coincidió con el mismo cálculo.

La vista para dictar sentencia en el Tribunal Federal de Hato Rey está pautada para el próximo 15 de octubre.

Por su parte, la defensa de Vázquez Garced solicitó este lunes que la audiencia sea pospuesta para después del 23 de noviembre.

Los abogados expresaron objeciones con parte del contenido en el Informe Presentencia de la Oficina de Probatoria, ya que incluía hechos que están contenidos en el pliego acusatorio original, que se va a desestimar por el acuerdo alcanzado entre las partes.

Vázquez Garced se convirtió en la primera persona en gobernar a Puerto Rico en resultar convicta al hacer alegación de culpa por un cargo de aceptar en el 2020 una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini, quien es extranjero, en violación a estatutos federales.

La moción de la Fiscalía federal enfatizó en que la pena es apropiada “dado que Vázquez corrompió el proceso electoral para gobernador de Puerto Rico al aceptar contribuciones de campaña extranjeras”.

“La gravedad de este tipo de corrupción política y el riesgo de daño público exigen la imposición de una pena de prisión”, planteó.

Tras un detallado recuento de los hechos por los que se logró la alegación de culpa a través del acuerdo, los fiscales señalaron que la exgobernadora “no solo corrompió el proceso electoral al recibir contribuciones extranjeras ilegales, sino que también se expuso a la corrupción de un banquero venezolano que buscaba un nuevo regulador jefe en la OCIF”.

De esta forma, los fiscales destacaron que el acuerdo incluye la admisión de Vázquez Garced de que aceptó la promesa del banquero venezolano Julio Herrera para contribuir a su campaña electoral para las primarias de 2020 por un cambio específico al mando de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

“Como lo demuestran las diversas comunicaciones electrónicas, Herrera estaba sumamente motivada a apoyar a Vázquez para que se tomaran medidas en la OCIF”, apuntó la moción de los fiscales.

Añadió que “en lugar de rechazar las contribuciones extranjeras de campaña de Herrera, Vázquez aceptó su participación ilegal, realizada mediante transacciones clandestinas, secretas y en capas, todas diseñadas para ocultar la verdad al público votante. Esto representa una flagrante y fundamental violación de la confianza pública. Una violación que Vázquez perpetró mientras se desempeñaba como gobernadora de Puerto Rico”.

“El esquema de contribuciones ilegales de campaña de Vázquez erosionó aún más la confianza pública en los funcionarios electos y ha contribuido a dificultar la confianza pública en el proceso electoral. Además, la conducta de Vázquez creó un campo de juego injusto al participar en actividades ilícitas para promover sus ambiciones políticas”, afirmó.