La Fiscalía federal radicó una moción ante el Tribunal federal en la que catalogó como “argumentos erróneos” la defensa que utiliza la convicta exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, para no restituir $136,500 que obtuvo del esquema ilegal que perpetró junto con su esposo y ex ayudante administrativa.

Actualmente, la jueza de distrito Silvia Carreño Coll no ha emitido una determinación sobre la moción radicada por la Fiscalía federal en la que exige se le ordene a la exlegisladora y a su esposo, Orlando Montes Rivera, a restituir el dinero.

En la moción de nueve páginas y con fecha del 27 de agosto, la fiscal Kathryn E. Fifield planteó que un jurado concluyó que Charbonier Laureano diseñó y ejecutó un plan, entre el 2017 y 2020, en el que su entonces empleada, Frances Acevedo Ceballos, le devolvía aproximadamente $1,500 de su salario inflado.

“No hay duda de que Charbonier es responsable de restituir las pérdidas como resultado del plan. De hecho, el tribunal ya ha ordenado que pague la restitución. La única cuestión planteada ante el tribunal es la del importe”, agregó.

Fifield indicó que la esencia del argumento que Charbonier Laureano presentó en una moción en oposición es que no hay pruebas suficientes para demostrar que los ingresos fueron a parar donde la exrepresentante y, por tanto, no debería tener que pagar la restitución por los fondos robados.

“En concreto, Charbonier afirma que Acevedo Ceballos pagó sobornos a un tercero (Jonathan Alemán) durante un período durante el plan, y las transacciones específicas no están suficientemente corroboradas y, por lo tanto, son insuficientes para demostrar que Charbonier realmente recibió los sobornos” comentó la fiscal federal.

Al responder a este argumento, Fifield precisó que las pruebas presentadas en el juicio establecieron “de manera abrumadora” que Charbonier Laureano orquestó el plan de sobornos, comenzando cuando aumentó fraudulentamente el salario de Acevedo Ceballos.

“Porque las pruebas establecieron que Charbonier participó en una conspiración para cometer los delitos imputados, se le puede ordenar que pague la restitución de todas las pérdidas razonablemente previsibles resultantes de la conspiración, independientemente de si ella realmente se embolsó las ganancias”, mencionó la fiscal.

Asimismo, planteó que, más allá de los datos financieros, hay mensajes de texto que evidencian el esquema de corrupción. “Aunque aparentemente solo disputa el monto de la restitución, los argumentos de Charbonier en contra de la solicitud de restitución del gobierno son irreconciliables con las conclusiones del jurado”, puntualizó Fifield.

El licenciado Francisco Rebollo, representante legal de Charbonier Laureano, expuso en la moción en oposición que el Tribunal federal no puede considerar solamente la evidencia presentada por el Ministerio Público, sino también la que presentó la defensa.

Como planteó durante el juicio, Rebollo argumentó que no existe evidencia de que su clienta se haya quedado con todo el dinero producto de las comisiones ilegales que pagó Acevedo Ceballos entre el 2017 y 2020, periodo en que Charbonier le infló el salario.

Aunque el jurado los encontró culpables, para Rebollo existe evidencia suficiente para pensar que otros recibieron parte de ese dinero como Alemán, exdirector de la oficina legislativa de Charbonier Laureano que cooperó con la Fiscalía federal y quien sostuvo una relación con Acevedo Ceballos.

Rebollo argumentó que, poco después de que los retiros de efectivo de Acevedo Ceballos alcanzaran la cantidad de aproximadamente $65,145.34, “el informante del gobierno Jonathan Alemán pagó su hipoteca con un cheque de gerente recién comprado por la cantidad de $68,345.34″.

“La moción de la Fiscalía ignora por completo este hecho destacado y, al final, alcanza su cifra mediante un cálculo matemático simplista, mediante el cual toma el supuesto monto de soborno quincenal de $1,500 y lo multiplica por un total de 91 períodos de pago que alega duró el esquema hasta alcanzar un total de $136,500. Este análisis erróneo no se basa en la totalidad del expediente desarrollado en el juicio”, abundó.

Por su parte, la licenciada Anita Hill Adames, representante legal de Montes Rivera, presentó una moción en oposición al pago de $136,500 al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en caso de que Carreño Coll determine que se debe restituir dinero, la abogada pidió que la suma no exceda los $6,500.

“Belinda Soars, experta forense del Negociado Federal de Investigaciones, testificó, a preguntas de la Fiscalía federal, que, aunque las transferencias de (la empleada de Charbonier Laureano, Frances) Acevedo pasaban a través de la cuenta conjunta, el beneficiario final era Charbonier”, dijo.

“Ella (Soars) admitió en el contrainterrogatorio, y como ampliamente (fue) argumentado en las mociones de la Regla 29 de Montes, (que) la mayoría de los depósitos de Acevedo a la cuenta conjunta a través de Telebanco terminaban en la cuenta individual de Charbonier”, insistió la abogada.

Asimismo, planteó que la Fiscalía federal no presentó ninguna evidencia de que Montes Rivera estuviera al tanto de las transferencias o que fue él quien realizó las transferencias de dinero hacia la cuenta de Charbonier. “Además, muchos otros depósitos de la cuenta de Acevedo fueron depositados directamente en la cuenta Charbonier, a la que Montes no tenía acceso”, indicó.

La licenciada subrayó que las transferencias que Acevedo Ceballos realizó a la cuenta de ATH Móvil de Montes Rivera dejaban claro con un “De Tata” o “Para Tata” que el dinero producto del soborno no le correspondía a su cliente.

“Se solicita a este honorable tribunal que ejerza su amplia discreción e imponga un monto de restitución no mayor a $6,500. También se destaca que Montes fue inhabilitado por el Tribunal Supremo y ya no está autorizado a ejercer la práctica de la abogacía y el banco también ha embargado cualquier propiedad inmueble bajo su nombre. En pocas palabras, cuando salga de prisión será un delincuente indigente, convicto y sin bienes”, puntualizó Hill Adames en su moción.

Actualmente, Montes Rivera cumple una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel en FCI Beaumont Low, en Texas. Mientras, Charbonier Laureano extingue su sentencia de ocho años de cárcel en FPC Bryan, también en Texas.

Ambos reclamaron cumplir su condena en el mencionado estado, ya que la hija del matrimonio reside en la ciudad de Houston.

El matrimonio resultó convicto el 12 de enero de cargos por conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos y lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por borrar datos de su celular, según la prueba del FBI.

Por este esquema, también resultó convicta Acevedo Ceballos, quien se declaró culpable y cumple una pena de tres años y un mes en prisión. Orlando Montes Charbonier, hijo del matrimonio, se acogió a un programa de desvío.