Un gran jurado acusó a ocho mujeres por participar en un esquema de fraude para obtener ilegalmente $619,923 en beneficios por desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

De acuerdo con el pliego acusatorio, emitido el 17 de diciembre, las acusadas utilizaron datos de identificación falsos, información de terceros y detalles fraudulentos relacionados con historiales de empleo como parte de una conspiración.

La pesquisa señala como figura central del esquema a Luz Garay-Osorio, entonces empleada del DTRH, quien presuntamente aprovechó su posición dentro de la agencia para realizar cambios en el sistema interno que permitieron hacer elegibles a familiares y allegados para recibir beneficios de desempleo, asistencia del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA) y del Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA).

Según la acusación, Garay-Osorio también utilizó su rol como entrevistadora para radicar reclamaciones fraudulentas, crear historiales laborales falsos, alterar información previa y emitir determinaciones monetarias y no monetarias.

Además, habría sometido reclamaciones utilizando identidades de otras personas y provocado que los beneficios fueran pagados a coconspiradoras, incluidas familiares.

En total, las acusadas obtuvieron aproximadamente $619,923 en beneficios fraudulentos. De esa cantidad, Garay-Osorio habría recibido cerca de $142,507 en pagos de soborno, provenientes de transferencias bancarias, giros postales y otros mecanismos financieros.

Entre las coacusadas a su vez figuran Glenda Garay-Osorio, Tatiana Skerrett-Garay, Ariana Skerrett-Garay, Dayanara Aquino-Garay, Nashaly Vega-Garay, Almarys de Jesús-Garay y Mariela Cabrera-Vistel, quienes, según el pliego acusatorio, recibieron distintas cantidades en beneficios y luego transfirieron parte o la totalidad del dinero a la cuenta bancaria de la acusada principal.

Además de los cargos por conspiración para robar fondos federales y fraude postal por servicios honestos, Garay-Osorio, quien fue despedida del DTRH, también enfrenta cargos por lavado de dinero y robo de identidad agravado.

De ser halladas culpables, las acusadas enfrentan hasta cinco años de prisión por los cargos de robo de fondos gubernamentales y conspiración.

Mientras, Garay-Osorio podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude postal por servicios honestos y una sentencia obligatoria adicional de dos años por robo de identidad agravado. La acusa principal y Cabrera Vistel también se enfrentan a 20 años de cárcel por lavado de dinero.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con nuestras contrapartes estatales y federales, continuará responsabilizando a quienes intenten explotar beneficios federales para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados con fondos públicos“, expresó en declaraciones escritas el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

De acuerdo con fiscalía federal, Garay-Osorio es la novena empleada del gobierno acusada o que se ha declarado culpable de delitos federales de corrupción desde 2024.