El gobierno considera la posibilidad de apelar la determinación de una jueza a favor de que periodistas sin credencial del Departamento de Estado puedan tener acceso a las conferencias de prensa en la Fortaleza.

La sentencia surgió de una demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), luego de que se le negara la entrada a dos de sus periodistas a una conferencia de prensa convocada en la Mansión Ejecutiva por no contar con el carné que emite el Departamento de Estado.

“El Departamento de Justicia no está conforme con la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, notificada el 23 de febrero de 2026″, indicó la agencia, en declaraciones escritas.

“En consecuencia, se evalúa seguir el trámite apelativo correspondiente”, agregó. “Esto por entender que la determinación notificada no se ajusta a nuestro actual estado de derecho”.

La jueza Iris Cancio González encontró que la credencial emitida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar el acceso que tienen los periodistas a una conferencia de prensa convocada por la gobernadora Jenniffer González o algún funcionario de La Fortaleza.

“No hay duda de que esta actuación de los demandados coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística de los demandantes al denegarles acceso total a las conferencias de prensa semanales que se llevan a cabo en la Fortaleza. El hecho de denegar el acceso total impide que estos periodistas puedan acceder a información pública esencial”, subraya la sentencia de la jueza superior Iris Cancio González.

“Definitivamente, el derecho a la libertad de prensa de los demandantes se está coartando al denegarles el acceso a información gubernamental valiosa, sobre la cual puedan publicar o transmitir. La restricción impuesta de requerir la certificación de prensa, cuyo acto excede el poder delegado por ley, violenta el derecho de los demandantes a la libertad de prensa”, añade.

La jueza explicó que la acreditación a la que se hace referencia se contempló como parte de la Ley 22 de Tránsito para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas concediera unas tablillas especiales a los miembros de la prensa, no para que los periodistas puedan desempeñar sus funciones o para que tengan acceso a ciertos lugares para hacer su trabajo.