Unas investigaciones federales que impactan el mercado ilegal de fármacos para animales tomaron un nuevo giro cuando dos hombres, acusados en casos separados, se declararon culpables de introducir y/o entregar medicamentos adulterados en Puerto Rico.

En el primer caso, el acusado Adrián García Hernández se declaró culpable el 10 de marzo de introducir medicamentos adulterados para animales en Puerto Rico, informó el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, en un comunicado de prensa.

García Hernández, de 50 años y vecino de Dorado, asumió responsabilidad en un cargo por introducir medicamentos adulterados para animales en el comercio interestatal, en violación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA, en inglés).

“Los medicamentos adulterados importados por García Hernández hacia Estados Unidos no contaban con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés)”, reveló la Fiscalía federal, en el parte de prensa.

García Hernández, quien no es veterinario autorizado, presuntamente hizo que 50 cajas de “Equiet Xilacina 10%”, conocida como “xilazina”, entre otros medicamentos para animales, fueran enviadas desde Bogotá, Colombia, a Puerto Rico vía Federal Express.

El envío fue retenido y confiscado por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) el 22 de octubre de 2024.

De acuerdo a Mayo Clinic, la xilacina es un medicamento que se administra a animales para sedarlos antes de una cirugía o aliviar el dolor. La xilacina no está aprobada para el uso en humanos. Sin embargo, se utiliza actualmente como droga recreativa.

Asimismo, García Hernández supuestamente hizo que otras 23 cajas de “Equiet Xilacina 10%” fueran enviadas desde Bogotá a Puerto Rico, vía Federal Express, pero estas fueron nuevamente retenidas y confiscadas por personal de CBP el pasado 20 de noviembre de 2024.

García Hernández será sentenciado por la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán el 9 de junio de 2026.

En un caso separado, el 5 de diciembre de 2025, Waldemar Ojeda Ramos, de 49 años y residente de Mayagüez, se declaró culpable de un cargo por entregar medicamentos adulterados para animales a cambio de pago y de un cargo por etiquetado falso de medicamentos para animales, en violación de la FDCA.

El acuerdo de culpabilidad dice que Ojeda Ramos, quien no es veterinario autorizado, vendió 10 viales de xilazina de 50 mililitro (ml), el 30 de marzo de 2023. Estos incluían cinco viales de Procin, un medicamento para animales con receta que contiene xilazina y es fabricado en México; y cinco viales de Xilazil, un fármaco con receta que contiene xilazina y se fabrica en Argentina.

De acuerdo a las autoridades federales, Ojeda Ramos también vendió nueve viales de xilazina de 50 ml el 4 de octubre de 2023, incluyendo Xilacina y Xilapet, medicamentos con receta que contienen xilazina y son fabricados en México. Ninguno de estos medicamentos (Procin, Xilazil, Xilacina o Xilapet) está aprobado por la FDA para uso veterinario en Estados Unidos.

Ojeda Ramos será sentenciado por el juez de distrito Francisco A. Besosa el 23 de marzo de 2026.

La Fiscalía federal explicó que la xilazina es un sedante, analgésico y relajante muscular no opioide, conocido comúnmente como “tranq”. La xilazina aprobada por la FDA se utiliza como analgésico y como preanestésico para anestesia local y general en animales, y cualquier medicamento que la contenga requiere receta y solo puede ser administrado por un veterinario autorizado.

La xilazina puede causar efectos graves y potencialmente mortales. Por ello, la FDA emitió la Alerta de Importación 68-20 el 28 de febrero de 2023, para prevenir la entrada de productos terminados que contengan xilazina al mercado estadounidense.

La Fiscalía federal indicó que, en unión a otras agencias de ley y orden, continúa comprometida con hacer cumplir leyes de importación como la FDCA, que protegen a Estados Unidos y Puerto Rico de riesgos para la salud pública y seguridad.

La FDA, la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y CBP investigaron estos casos, que están siendo procesados por la asistente sspecial de la FDA y la fiscal federal, Kyrsten L. Melander.

La USAO-DPR, FDA, DEA y CBP coordinaron esta acción a través del Trade Fraud Task Force del Departamento de Justicia federal, un esfuerzo interinstitucional que busca prevenir fraudes comerciales que priven al gobierno de ingresos vitales, amenacen industrias nacionales críticas, socaven la confianza de los consumidores y debiliten la seguridad nacional.