La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) y dos jueces apelativos en su carácter individual presentaron el viernes una demanda que busca que el Tribunal de Primera Instancia declare inconstitucional, al amparo del Derecho federal, la disposición de la constitución puertorriqueña que obliga a los magistrados a retirarse al cumplir 70 años de edad, aunque aún reste parte del término por el que fueron nombrados al cargo.