

23 de enero de 2026 - 3:56 PM


El juez Pedro A. Delgado Hernández, del Tribunal Federal en Puerto Rico, ordenó al gobierno federal detener el traslado fuera de la isla de un inmigrante dominicano arrestado esta semana, tras acoger un recurso de habeas corpus presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
En su orden, el juez estableció además un término no mayor al 30 de enero de 2026 para que el gobierno federal celebre una vista de fianza y advirtió que, de no cumplirse con ese mandato, los demandados deberán liberar inmediatamente al peticionario.
El inmigrante fue identificado como Diogene Fermín Fernández, quien reside en Puerto Rico desde 2007 y fue detenido por agentes federales el 20 de enero de 2026 mientras se dirigía a su trabajo en Villa Palmeras, un sector de San Juan con alta concentración de comunidad dominicana.
En su petición al tribunal, la ACLU señaló que el arresto ocurrió bajo circunstancias que levantan “serios señalamientos de perfilamiento racial”, y culminó con su traslado al área oeste de Puerto Rico, donde permanecía bajo custodia federal “enfrentando la amenaza de ser removido de la jurisdicción en cuestión de horas o días”.
“Hoy, una vez más, el tribunal deja claro que el gobierno no puede utilizar el traslado acelerado como estrategia para evitar la revisión judicial y desarticular defensas legales en Puerto Rico”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y abogado en el caso.
“Esta orden protege el derecho del peticionario a una vista de fianza y reafirma que las detenciones civiles contra inmigrantes no pueden operar al margen de la Constitución” agregó Arrraiza Navas.
La decisión del juez se produce un día después de que la organización lograra también frenar, mediante otra petición de habeas corpus, el traslado fuera de Puerto Rico de otro inmigrante dominicano, identificado como Martín Medina de la Cruz.
En ambos recursos, la ACLU argumentó que tanto como Fermín Fernández como Medina de la Cruz no son un riesgo de fuga ni representan peligro para la comunidad.
La organización insistió en que seguirá utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal “respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico”.
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