Caguas - El juez Rafael E. Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró causa para arresto en la vista en alzada contra seis agentes de la Policía por la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, que fue baleado en agosto de 2022 durante una intervención tras, presuntamente, hurtar un vehículo.

La vista en alzada se celebró luego que, el 17 de abril, la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, halló no causa para arresto en los cargos radicados contra Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

En resumen, los agentes enfrentaban cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por, entre otras cosas, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego que, en este caso, se trató de su arma de reglamento, una pistola Sig Sauer.

Tras evaluar la prueba presentada en la vista en alzada, el juez Taboas Dávila sostuvo la determinación de no causa en todos los cargos radicados.

“Los hechos de por sí son sumamente lamentables. Siempre es una tragedia la pérdida de vida de un joven aún en la adolescencia. Es el tipo de situación donde nadie gana. Todo el mundo pierde. Pero yo tengo un deber ineludible de adjudicar esta Regla 6 en alzada y adjudicar si se demostraron los elementos del delito o los delitos imputados y ver si se sostiene o no una determinación pasada de Regla 6″, expresó Taboas Dávila antes de emitir su fallo.

El joven Cordero Nevárez, quien murió el 1 de agosto de 2022 en una intervención policíaca en Puerto Nuevo, recibió 10 heridas de proyectil de bala que le provocaron la muerte en el acto, dijo el patólogo Carlos Chávez Arias, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Durante el tercer día de la vista de determinación de causa para arresto en alzada contra los agentes, Chávez Arias declaró, a preguntas de la fiscal Melitza Osorio Santiago, que fue el perito que realizó la autopsia y firmó el informe médico forense.

Chávez Arias indicó que recibió el cuerpo del joven para el proceso de autopsia la mañana del 3 de agosto de 2022 y que estaba vestido con camisa negra, pantalón corto y unas sandalias, por lo que procedió a examinar el cadáver entero para iniciar el examen médico.

Ante el juez Taboas Dávila, en la sala 201, especificó que el cuerpo del menor presentaba 10 heridas de balas que, entre otras cosas, impactaron el torax, el cuello, la parte baja del abdomen, los brazos y el muslo izquierdo.

Dijo que las balas que recibió el joven perforaron sus pulmones, el corazón, el hígado, el riñón, la cadera y el costado, y le provocaron abrasiones en los dedos y manos. “Todas las heridas le causaron la muerte porque produjeron sangrado tanto interno como externo”, mencionó.

El patólogo manifestó que cuatro de las diez heridas de bala que tenía el joven en los dos pulmones, el riñón y el hígado fueron “letales” porque le produjeron sangrado. “La más letal (de las heridas por las balas) es la que le perforó el corazón”, precisó Chávez Arias.

Durante la ronda de preguntas realizadas por la fiscal, el perito añadió que, en total, se recuperaron cinco proyectiles, de los cuales cuatro fueron localizados en el cuerpo y otro en la bolsa donde fue transportado el cadáver de Cordero Nevárez hasta el ICF.

Agregó que el menor presentaba heridas con las cuales se puede inferir que “el tirador estaba un poco más adelante del cuerpo”, mientras que tenía otras que “eran menos probables que hayan sido hechas desde la parte de al frente y que hayan sido hechas en la parte de atrás”. Por este crimen, la Fiscalía presentó cargos contra los seis agentes.

“Tenemos las (heridas) del brazo izquierdo y derecho. Esas dos heridas fueron más compatibles con que se hicieron desde la parte de atrás, pero los brazos tienen movilidad”, mencionó Chávez Arias al no descartar que el joven se haya movido mientras recibía las heridas de bala.

El patólogo afirmó que, debido a las heridas que tenía el joven, “uno infiere que había más de un tirador”. “Es compatible con más de un tirador”, dijo Chávez Arias, quien lleva desde el 2007 trabajando en el ICF y ha trabajado múltiples casos notorios, como el del niño Lorenzo González.

Posterior a ello, el licenciado Jorge Gordón Menéndez, quien junto a la abogada Maritza Torres Román conforman la representación legal de la agente Roseanne Ruiz Cisneros, quien enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, comenzó el contrainterrogatorio al testigo.

En base a la línea de preguntas realizadas, Chávez Arias respondió que no había residuo de pólvora en el cuerpo. También, precisó que no hay heridas de balas en la parte posterior del tórax o en la cabeza del joven.

Asimismo, el perito indicó que, de los exámenes que se le hicieron al joven, se detectó 0.02% de alcohol y que dio positivo a cannabinoides por “uso reciente”. Cuestionado por Gordón Menéndez, Chávez Arias agregó también que es “probable que el por ciento del alcohol fuera mayor”.

La muerte del menor se reportó el 1 de agosto de 2022, en la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, luego de una persecución por una guagua Hyundai Tucson del 2016, reportada como hurtada en la urbanización Villa Fontana en Carolina.

Precisamente, el investigador forense, John Miranda Rivera, quien hizo el análisis de disparos, confirmó durante su declaración que los impactos de bala provinieron desde afuera hacia adentro de la guagua, la cual se alega era conducida por el menor, quien cayó abatido a metros de ella.

Mientras, el testimonio del examinador de evidencia digital, Juan Rodríguez Contreras, quien también trabaja para el ICF, sirvió para autenticar el vídeo de la escena, el cual muestra la persecución y donde se escuchan las detonaciones, y como consecuencia, fallece el joven.

En tanto, la agente investigadora del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Deicyrelle Barreiro Berríos, precisó que la noche del 1 de agosto de 2022 llegó a la escena a las 10:13 p.m., luego de que se le asignara el caso, ya que involucraba a agentes de la Uniformada.

“Al llegar a la escena, observo que ya se encontraba la calle 40 SO en perímetro, con cinta amarilla. Era un lugar residencial, con residencias en ambos extremos de la calle 40 SO. También observo que dentro del perímetro había tres patrullas”, mencionó Barreiro Berríos.

La testigo continuó su relato estableciendo, a preguntas de la fiscal, que “la primera patrulla, que es la más cercana hacia la calle sin salida de la calle 40 SO, era una Dodge Charger, cuatro puertas, color gris. La misma se encontraba con la puerta del conductor abierta y los cristales abajo”.

“En esta patrulla se encontraba el agente Giovanny Santiago Avilés, quien era el que estaba conduciendo; el sargento Ángel Alicea Vidal, que era el pasajero delantero; y de pasajero posterior, del lado derecho, estaba el agente Luis Vélez Mari”, especificó Barreiro Berríos.

Asimismo, la agente precisó que “en el lado izquierdo de la primera patrulla, hacia la parte posterior, en la carretera, había múltiples casquillos de bala, y al extremo del lado derecho, cerca de donde está la puerta del pasajero posterior había también múltiples casquillos de bala”.

Detrás de la primera patrulla, según dijo la testigo, “se encontraba una patrulla Dodge Charger, color azul, rotulada. En esta patrulla se encontraba de conductora la agente Carmen Cacho Serrano; la agente Roseanne Ruiz Cisneros se encontraba de pasajero delantero; y el agente Félix De Jesús Abreu se encontraba de pasajero posterior”.

Agregó que, del lado derecho de la patrulla, adscrita a la División de Vehículos Hurtados de Carolina, había múltiples casquillos de bala. La testigo añadió que la patrulla presentaba también una perforación de proyectil de bala en el retrovisor del lado derecho.

A unos 14 pies de la segunda patrulla, según narró, había otra, la cual estaba adscrita al Precinto de Puerto Nuevo. Indicó que esa tercera patrulla era una Dodge Charger, cuatro puertas, de color gris, que era conducida por el agente Kevin Meléndez Monsegur, mientras que, de pasajera delantera, se encontraba la policía Paola Farías Santiago.

“Al lado derecho de la patrulla observé que en la parte posterior de la puerta derecha había un casquillo de bala, y un poco más al frente, más cerca de la segunda patrulla, observé que había otro casquillo de bala. También observé que la zona se encontraba iluminada”, agregó.

En medio de las objeciones de la defensa, dijo que en la escena se identificaron unas 52 piezas de evidencia, entre ellas 61 casquillos de bala, la patrulla de la Policía que estaba rotulada, así como seis proyectiles, de los cuales cuatro fueron hallados dentro de la Hyundai Tucson.

La testigo añadió que, como parte de la investigación de las autoridades, la licenciada Betzaida Quiñones, quien era la fiscal de turno para la noche de los hechos, instruyó a que los agentes involucrados en la intervención fueran llevados al ICF para que se le ocuparan las armas de reglamento.

A preguntas de la fiscal, Barreiro Berríos precisó que a “estos (agentes) hicieron uso del arma de reglamento y como parte de la investigación se ocupan las armas para los respectivos análisis que el ICF les iba a hacer”. Dijo que esta acción consta del informe de hallazgos de escena.

La audiencia -que arrancó a las 10:00 a.m.- se espera que culmine durante este miércoles, pues el juez había adelantado a las partes, el 3 de mayo, que los procedimientos continuarían después de las 5:00 p.m., de ser necesario, y que informaría su determinación de causa o no causa.

Este constituye el tercer día de vista en alzada, también conocida como Regla 6, contra los agentes. Normalmente, el proceso acaba en un día, pero debido a que el Centro Judicial de San Juan continúa cerrado, los procedimientos se efectúan en Caguas y eso ha trastocado el proceso.

La testigo indicó que a Santiago Avilés se le ocupó una pistola Sig Sauer con tres cargadores con capacidad para 17 municiones cada uno, pero uno de esos cargadores estaba “completamente vacío”. Añadió que a Alicea Vidal se le ocupó también una pistola Sig Sauer con tres cargadores con capacidad para 17 municiones cada uno, los cuales estaban llenos.

Mientras que, dijo, que a Cacho Serrano se le ocupó una Sig Sauer con tres cargadores con capacidad para 15 municiones cada uno, los cuales estaban completas. Agregó que a Ruiz Cisneros se le ocupó una Sig Sauer con tres cargadores de 15 municiones cada uno. De estos, uno estaba vacío.

En tanto, mencionó que a De Jesús Abreu se le ocupó una Sig Sauer con tres cargadores de 17 municiones cada uno, de los cuales uno estaba vacío. También, dijo, se le ocupó una Sig Sauer a Vélez Mari con tres cargadores de 15 municiones, uno de los cuales tenía solo dos balas.

A su vez, dijo que se le ocupó una Sig Sauer a Meléndez Monsegur con tres cargadores de 15 municiones y uno de esos cargadores le faltaba una bala. Además, señaló que a Farías Santiago se le ocupó una Sig Sauer con tres cargadores de 15 municiones y a uno de ellos le faltaba una bala.

“El vehículo Hyundai Tucson también fue ocupado por el ICF, al igual que la patrulla color azul de Vehículos Hurtados, que era la rotulada... De este vehículo (que conducía la víctima) surge que había sido hurtado frente a la residencia del querellante”, mencionó la testigo, quien confirmó que de la investigación surgió que el joven estaba con su madre en el momento en que se robaron la guagua, un evento que quedó captado en vídeo.

A pesar de las múltiples objeciones de la defensa, la testigo estableció a qué agente correspondía cada uno de los casquillos que fueron levantados en la escena como parte de la pesquisa y en que área fueron localizados.

En los primeros dos días de vista, la Fiscalía de San Juan sentó a declarar a la madre de la víctima, Sheila Nevárez Chiclana, así como a los peritos Félix Vázquez Solis, Jesús Ayala Rosario y Angélica M. Resto Rivera, de Ciencias Forenses, en busca de probar su caso ante el tribunal.

Como parte de su argumentación final, la fiscal Sonia Martínez Ortiz, subdirectora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Controlar (DIPAC), aseguró que el Ministerio Público ha presentado “pruebas suficientes” en contra de los imputados.

“No ha sido fácil para el Ministerio Público porque la norma es que los policías vienen a los tribunales a servir como testigos del pueblo. No vienen a ser acusados por eso”, inició.

La fiscal citó varios incisos de la Orden General 600-601 de la Uniformada entre ellos uno que establece que “está prohibido que un miembro del Policía dispare un arma de fuego en dirección a o desde un vehículo en movimiento. A modo de excepción, podrá hacerlo cuando el conductor o el ocupante del vehículo en movimiento ponga en peligro inminente de grave daño corporal o muerte a un miembro de la policía u otra persona y esta acción sea necesaria para defenderse a sí mismo o a otros miembros del ministerio o a terceros”.

“En este caso, claramente, el uso de fuerza por parte de los seis miembros de la Policía aquí denunciados fue excesivo. Tanto es así que en la escena se recuperaron 61 casquillos de bala disparadas dirigidos a un joven que ni siquiera poseía un arma de fuego”, argumentó.

Martínez Ortiz, a su vez, recalcó que las perforaciones por impactos de bala en el vehículo, conducido por el joven, se encuentran en el área del bonete, los laterales, en el área del pasajero frontal y la puerta del conductor.

“No hay perforaciones de bala en la carrocería trasera de esa Hyundai Tucson cuya trayectoria sea de atrás hacia el frente, lo cual demuestra que los tiradores no corrían peligro de ser atropellados porque nunca estuvieron ubicados detrás de dicho vehículo de motor”, sostuvo.

Por ello, argumentó que los agentes no se encontraban “en inminente o inmediato peligro de muerte o de sufrir grave daño corporal” al disparar sus armas de fuego.

Martínez Ortiz, además, agregó que había dos oficiales adicionales en la escena, la sargento Carmen Cacho Serrano y el sargento Ángel Alicea, quienes según la prueba de Fiscalía, no dispararon sus armas de fuego durante el incidente.

“¿Entonces, por qué esos dos agentes y hoy sargento no dispararon? Ellos sí entendieron que ni ellos ni sus compañeros estaban en inminente peligro de seguridad y vida”, argumentó.

La fiscal sostuvo también que el auto conducido por el joven no tenía tintes y que, en el lugar, había iluminación artificial, por lo que los agentes “podían ver que el conductor no les estaba apuntando ningún arma”.

“La justicia para Javier Antonio Cordero Nevárez su familia y nuestra comunidad, exige que se responsabilice a estos agentes por sus acciones injustificadas y excesivas”, concluyó.

Por su parte, el licenciado Gordón inició su argumentación sosteniendo que el vehículo manejado por el menor iba una velocidad excesiva, la cual, según dijo en sala, no ha sido un elemento al que el Ministerio Público ha aludido.

“Tres patrullas de la Policía le estaban dando seguimiento para tratar de alcanzarlo. Con mirar por los retrovisores, se hubiese dado cuenta de que lo están persiguiendo y se pudiera detener. Si al llegar a la calle 40 SO retrocedió a la misma velocidad a la que iba inicialmente en esa dirección cuando era perseguido, ¿cómo los agentes van a pensar que no quería causarle daño?”, cuestionó.

“Continuó la marcha hacia atrás, embistiendo un buzón y otro vehículo de motor donde finalmente quedó detenido su auto, pero no con los cambios en reversa, sino con la palanca en ‘drive’ con el propósito de seguir hacia delante y llevarse todo lo que estuviera por delante”, sostuvo.

El abogado también citó el inciso C(3) de la Orden General que dispone que los agentes estarán preparados para ajustar tácticas y defenderse de un cambio o ataque repetino.

“Los miembros de la Policía de Puerto Rico no necesitan sufrir una lesión o esperar a que se manifieste un ataque físico antes de tomar medidas para protegerse a sí mismo y a terceros”, argumentó.

El licenciado, además, presentó varios conceptos del glosario policíaco, entre ellos la resistencia activa que definió como “las acciones que representan una amenaza de daños a los miembros de la Uniformada u otras personas o exhibe una combatia”.

“Utilizar un vehículo de motor como arma, no de fuego, para embestir o intentar embestir a los miembros de la Policía de Puerto Rico en el cumplimiento de su deber no crea otra cosa en la mente de estos humildes servidores el que van a sufrir inminente, grave daño corporal y los autoriza a defenderse”, señaló.

“Es lamentable la muerte de este joven de 16 años. No cabe la menor duda. Pero sus actuaciones que desafortunadamente provocaron que la Policía de Puerto Rico actuara como actuó dentro del marco de las órdenes generales de la ley”, agregó.

Gordón Menéndez concluyó su argumento expresando que la Fiscalía no presentó ninguna evidencia adicional a la desglosada en la pasada vista de regla 6 en abril.

El Departamento de Jusiticia, por su parte, expresó estar en desacuerdo con la decisión de no causa de Taboas Dávila por entender que no es compatible con la prueba presentada.

“Nos parece que la evaluación no estuvo basada en la scintilla de evidencia que requiere esta etapa de los procedimientos”, declaró el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en declaraciones escritas.

“Siempre hemos reconocido que la mayoría de los agentes de la Policía cumplen con su trabajo con vocación, compromiso y verticalidad. Gracias a su labor, los fiscales logran el procesamiento de los criminales todos los días. Pero este caso era contra seis personas que, aunque llevaban una placa y un uniforme, no actuaron como se le requiere a los miembros del Negociado de la Policía y dieron muerte a un joven de forma injustificada”, sostuvo el titular.

Mientras, el comisionado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, se mostró satisfecho con la decisión emitida por el juez.

“Hoy culminó el proceso contra seis compañeros que salieron con la misión de recuperar un vehículo robado y poner tras las rejas al responsable. En esa misión, se perdió la vida de un joven, un hecho que todo ser humano tiene que lamentar”, expresó en declaraciones escritas.

“Como cuerpo dedicado a cumplir con la ley, le dimos el espacio al Departamento de Justicia y a la Rama Judicial para que realizaran la labor que les compete. Dos jueces coincidieron en que no había causa para acusar a seis policías de tener la intención de matar a un joven”, agregó López Figueroa.

“Aún en momentos en que mis policías han perdido la vida a manos de otros, actuamos con empatía y les honramos sus derechos. Hoy esos mismos derechos, se le honraron a mis policías”, señaló.

La periodista Andrea Guemárez Soto colaboró en esta historia.