El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó oficialmente que no buscará la pena de muerte para los cinco acusados de asesinar al sargento Eliezer Ramos Vélez el 29 de marzo de 2024, en los predios del residencial Sabana Abajo en Carolina.

En una moción presentada el viernes, justo el día en que otro policía fue asesinado en el cumplimiento del deber en Ponce, la Fiscalía federal reveló la decisión en el caso que incluye como coacusado al reguetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido como CDobleta.

“Los Estados Unidos de América notifican por la presente al Tribunal que no solicitarán la pena de muerte en el caso de Victor J. Peréz Fernández, Luis N. Isaac Sánchez, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel J. López Vega. En consecuencia, los Estados Unidos solicitan la remoción del abogado designado en este caso”, indicó la Fiscalía federal en el documento de dos páginas.

El documento analizado por El Nuevo Día contiene la firma del jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, así como la de la fiscal federal asignada al caso, Laura Díaz González.

El asesinato de Ramos Vélez, quien contaba con 12 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, ocurrió en horas de la madrugada del Viernes Santo de 2024.

Según la investigación, el agente se dirigía hacia su residencia cuando observó a varios individuos que, mientras transitaban en motoras y vehículos todoterreno, realizaban disparos al aire en la zona de la avenida Román Baldorioty de Castro.

Ramos Vélez inició la persecución de los sospechosos hasta llegar al complejo de vivienda pública, donde fue atacado a tiros en circunstancias que posteriormente fueron catalogadas por las autoridades como parte de una emboscada. El agente recibió heridas de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

Posteriormente, los atacantes lo despojaron de su arma de reglamento y su equipo de comunicación, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la pesquisa.

La gravedad del crimen generó una amplia movilización de las autoridades estatales y federales.

En los meses posteriores, la Policía, junto a agencias federales, desarrolló una investigación que incluyó operativos encubiertos y análisis balísticos.

Como parte de esos trabajos, el 15 de mayo de 2025 la Uniformada informó que ocupó una de las armas de fuego presuntamente utilizada en el asesinato, hallazgo que fue presentado como un avance clave en el caso.

La muerte Ramos Vélez, quien fue ascendido póstumamente al rango de sargento en reconocimiento a su trayectoria, marcó el inicio de una pesquisa de mayor escala que desembocó en un amplio operativo.

Las autoridades federales radicaron cargos contra 56 personas presuntamente vinculadas a una organización criminal, que operaba en Carolina y otros puntos del área metropolitana, relacionada con actividades de narcotráfico, violaciones a la Ley de Armas y otros delitos violentos.

Dentro del expediente federal figura el exagente Fernando Torres Galarza, alias “Perro”, entre otros acusados.

El caso ha sido descrito por las autoridades como parte de un esfuerzo más amplio para desarticular estructuras criminales con alcance en residenciales públicos de la zona. No obstante, el proceso judicial permanece en las etapas previas al juicio, mientras varios de los acusados exploran acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía federal.

Hasta el momento, ninguna de las personas involucradas en dichas negociaciones ha sido acusada directamente por el asesinato de Ramos Vélez.