El acuerdo que dividirá los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) entre la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno central, y que a su vez serviría para modificar casi $18,000 millones pagaderos con ese impuesto, no será el mejor en términos económicos, pero es la solución más “razonable” para evitar una batalla legal que duraría años y que podría drenar el poco dinero que le queda al gobierno.