Houston- Adrian Gonzales, ex policía escolar de Uvalde, Texas, fue uno de los primeros agentes en llegar a la escuela primaria Robb después de que un hombre armado abriera fuego contra estudiantes y profesores.

Los fiscales alegan que, en lugar de precipitarse para enfrentarse al tirador, Gonzales no actuó para proteger a los alumnos. Muchas de las familias de los 19 alumnos de cuarto curso y de los dos profesores que murieron creen que si Gonzales y los casi 400 agentes que intervinieron se hubieran enfrentado antes al tirador en lugar de esperar más de una hora, se habrían salvado vidas.

Más de tres años y medio después de la matanza, está a punto de comenzar el primer juicio penal por el retraso en la respuesta de las fuerzas del orden a uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos.

Es un caso poco frecuente en el que un agente de policía puede ser condenado por no haber actuado supuestamente para detener un delito y proteger vidas.

He aquí un vistazo a los cargos y las cuestiones jurídicas que rodean el juicio.

Gonzales fue acusado de 29 cargos de poner en peligro a menores por los muertos y heridos en el tiroteo de mayo de 2022. La acusación alega que puso a los niños en “peligro inminente” de lesiones o muerte al no enfrentarse, distraer o retrasar al tirador y al no seguir su entrenamiento como tirador activo. La acusación dice que no avanzó hacia el tiroteo a pesar de oír disparos y de que le dijeron dónde se encontraba el tirador.

Cada cargo de puesta en peligro de menores conlleva una sentencia potencial de hasta dos años de prisión.

Las revisiones estatales y federales del tiroteo citaron problemas en cascada en la formación de las fuerzas del orden, la comunicación, el liderazgo y la tecnología, y cuestionaron por qué los agentes de múltiples agencias esperaron tanto antes de enfrentarse y matar al pistolero, Salvador Ramos.

El abogado de Gonzales, Nico LaHood, dijo que su cliente es inocente y que la ira pública por el tiroteo está mal dirigida.

“Estaba centrado en sacar a los niños de ese edificio”, dijo LaHood. “Él sabe dónde estaba su corazón y lo que intentó hacer por esos niños”.

Está previsto que la selección del jurado para el juicio de Gonzales comience el 5 de enero en Corpus Christi, a unos 320 kilómetros al sureste de Uvalde. El juicio se trasladó después de que los abogados defensores argumentaran que Gonzales no podría tener un juicio justo en Uvalde.

Gonzales, de 52 años, y el ex jefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, son los únicos funcionarios acusados. Arredondo fue acusado de múltiples cargos de puesta en peligro de menores y abandono. Su juicio no ha sido programado, y también está buscando un cambio de sede.

Los fiscales no han explicado por qué sólo Gonzales y Arredondo fueron acusados. La fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell, no respondió a una solicitud de comentarios.

Es “extremadamente inusual” que un agente sea juzgado por no realizar una acción, dijo Sandra Guerra Thompson, profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Houston.

“Al fin y al cabo, estás hablando de condenar a alguien por no actuar y eso siempre es un reto”, dijo Thompson, “porque tienes que demostrar que no tomaron medidas razonables”.

Phil Stinson, profesor de justicia penal de la Bowling Green State University que mantiene una base de datos nacional de unos 25,000 casos de policías detenidos desde 2005, dijo que una búsqueda preliminar sólo encontró dos procesamientos similares.

Uno de ellos tuvo que ver con un ayudante del sheriff de Florida, Scot Peterson, que fue acusado tras la matanza en la escuela de Parkland en 2018 por supuestamente no enfrentarse al tirador, el primer procesamiento de este tipo en Estados Unidos por un tiroteo en un campus. Fue absuelto por un jurado en 2023.

El otro fue la condena en 2022 del ex agente de policía de Baltimore Christopher Nguyen por no proteger a una víctima de agresión. El Tribunal Supremo de Maryland anuló esa condena en julio, dictaminando que los fiscales no habían demostrado que Nguyen tuviera el deber legal de proteger a la víctima.

Los jueces de Maryland citaron una decisión anterior del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la doctrina del deber público, que sostiene que los funcionarios públicos, como la policía, tienen generalmente un deber con el público en general y no con personas concretas, a menos que exista una relación especial.

Michael Wynne, abogado penalista de Houston y ex fiscal no implicado en el caso, dijo que será difícil lograr una condena.

“Se trata claramente de una negligencia grave. Creo que va a ser difícil demostrar algún tipo de dolo criminal”, dijo Wynne.

Pero Thompson, el profesor de Derecho, dijo que los fiscales pueden, no obstante, estar bien posicionados.

“Estamos hablando de niños pequeños que están siendo masacrados y de un retraso muy largo por parte de muchos agentes”, dijo. “Simplemente siento que esta es una situación diferente por el tremendo daño que se hizo a tantos niños”.