El senador por el Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández acudió ante el Tribunal de Apelaciones para insistir en que el Departamento de Justicia le entregue copias de las órdenes de cierre de 229 investigaciones que involucran a servidores públicos y que fueron archivadas desde septiembre de 2025, y que revoque así una decisión del Tribunal de Primera Instancia que no le reconoció facultad para ello.

Según el recurso legal sometido por el equipo legal de Hernández ante el Tribunal de Apelaciones, el foro de menor jerarquía erró al considerar que el legislador carecía de legitimación activa en el caso, pues el Senado aprobó una moción, el 21 de mayo, que autorizaba exigiera los documentos en corte.

“Si el cuerpo del Senado, el pleno, autorizó mediante una moción a comparecer, pues no creo ser obstáculo para que se nos entregue esa información. Es una cuestión novel, es la primera vez en la historia que un senador de minoría va a un tribunal a pedir información”, expresó Hernández, en entrevista telefónica.

El 2 de junio, el juez Anthony Cuevas desestimó el caso en contra del Departamento de Justicia, al considerar que Hernández carece de “legitimación activa” por actuar a título individual y no canalizar la petición a través del presidente o vicepresidente del Senado, a los que el Código Político reconoce esa potestad.

El líder de la minoría del PPD en el Senado busca que, con el caso, se establezca nueva jurisprudencia que reconozca facultades a todos los legisladores y no los centralice en las figuras del presidente o vicepresidente del Senado únicamente.

“¿Qué pasa si el presidente del Senado no quiere ir a pedir información que un senador de minoría requiere? ¿Estamos huérfanos de remedio?“, cuestionó.

A preguntas de este medio sobre qué lo inhibe de solicitarle al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, o al vicepresidente Carmelo Ríos someter la moción en su nombre, el senador popular insistió en que ambos consignaron su apoyo mediante la votación en el pleno sobre la moción, que fue unánime.

En su recurso legal, Hernández se apoya en la Constitución, en casos previos y el Reglamento de Procedimiento y Gobierno Interno del Senado para justificar su posición ante el panel del Tribunal Apelativo.

De acuerdo con el documento, ni la Constitución ni el Reglamento “establecen distinción ni clasificación alguna sobre la posición que ocupe un miembro del Senado” y sus poderes para fiscalizar.

“Al contrario, es sumamente amplia y liberal, permitiendo que cualquier senador pueda realizar su labor constitucional de legislar, investigar, fiscalizar discutir y divulgar asuntos públicos”, indica el recurso apelativo.

Además, Hernández se apoyó en que la Constitución no le da facultades exclusivas al presidente o vicepresidente del Senado, por lo que no se justifica la falta de legitimación en su caso.

“La lectura que hace el Tribunal de Primera Instancia sobre el Artículo 34-A (del Código Político) es una lectura restrictiva que generaría dudas constitucionales si las analizamos en conjunto con el Artículo III de la Constitución de Puerto Rico”, denunció Hernández en el documento.

Para el portavoz del PPD, la interrogante más importante de este proceso es por qué el Departamento de Justicia se niega a entregar los documentos solicitados.

“¿Qué oculta el Departamento de Justicia? ¿Por qué se niega a entregarnos esa información? ¿Por qué no quiere que un senador de minoría pueda examinar los casos archivados de corrupción gubernamental? Estamos en un momento de mucha incredulidad de la gente ante el gobierno, y esto, en lugar de darle tranquilidad a la gente, lo que despierta es conjeturas y preocupaciones", subrayó.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

“Yo pudiera radicar esto por la Ley de Transparencia, pero ustedes recordarán que la Ley de Transparencia fue enmendada por este gobierno para darle más término al gobierno para que entregue documentación y hacerle más difícil al ciudadano y a los medios poder accesar documentación”, dijo Hernández.

Anticipó que, de no prosperar en el foro apelativo, llevaría el caso ante el Tribunal Supremo y “hasta las últimas consecuencias”

“Que sepa el Departamento de Justicia que, por más que se niegue a entregarme la información, en algún momento, voy a tener acceso”, aseveró Hernández.