El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, desestimó este martes la demanda del portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, en contra del Departamento de Justicia para que entregara las copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones que involucran a servidores públicos archivadas desde septiembre de 2025.

Según la sentencia, Hernández Ortiz, al actuar a título individual y no como presidente o vicepresidente del Senado, carece de “legitimación activa” para incoar el recurso, según el Artículo 34-A del Código Político.

“Luego de analizar el recurso de marras en armonía con lo que dispone nuestro derecho positivo, este foro concluye que procede su desestimación. Ello se debe a que, contrario a lo que el senador Hernández Ortiz sostiene, el Artículo 34-A del Código Político, supra, delimita expresamente las figuras que están legitimadas para solicitar una orden de esta naturaleza”, dispuso Cuevas.

De inmediato, Hernández Ortiz dijo que evalúa “los próximos pasos y los mecanismos disponibles para vindicar nuestras prerrogativas legislativas”. “De algo estemos claros, esto no nos detendrá... Se trata de defender una prerrogativa constitucional que tenemos”, agregó, al sostener –en expresiones escritas– que su reclamo contaba con el respaldo del Senado.

Durante la madrugada, la representación legal de Hernández Ortiz presentó una moción en respuesta a una orden de notificación, emitida el lunes por Cuevas, en la que le concedía al senador 24 horas para mostrar causa por la cual no se debía desestimar la demanda radicada contra Justicia por falta de legitimación activa.

La representación legal del senador sostuvo, en el recurso, que Hernández Ortiz cumplía “rigurosamente” con los criterios de legitimación activa establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico para intervenir en controversias entre poderes. Según el recurso, Hernández Ortiz había sufrido un “daño claro, palpable y real”, que dejó de ser “hipotético” tras cumplirse 29 días desde la petición original sin recibir respuesta.

Detallaba, también, que se habían agotado “todos” los remedios legislativos para tener acceso a las órdenes de cierre. Esto incluye la aprobación unánime de la petición el 4 de mayo de 2026 y la concesión de prórrogas adicionales para cumplimiento. La defensa sostuvo que existe una conexión directa entre el presunto daño sufrido por el senador y el recurso legal presentado al amparo del Artículo 34-A del Código Político, el cual faculta al foro judicial para auxiliar a la Asamblea Legislativa en la obtención de documentos o testimonios.

Estos argumentos, sin embargo, no fueron acogidos.

“La determinación en contra (...) no entra en los aspectos sustantivos de nuestra petición, sino que determina que, como senador de minoría, no tengo legitimación o ‘standing’ para acudir al tribunal. ¿Por qué tratar a un legislador de la minoría distinto a un presidente?”, cuestionó Hernández Ortiz, al reaccionar a la decisión.

Hernández Ortiz exigía, específicamente, el listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, así como copia de la orden de cierre y archivo emitida para cada uno de los 229 casos cerrados como resultado de la firma de la Orden Administrativa 2025-09, que instruyó a reevaluar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

Durante las pasadas semanas, Justicia ha sostenido, sin embargo, que la divulgación de estos informes laceraría “irremediablemente” la efectividad de futuras investigaciones y expondría estrategias fiscales protegidas por ley. Según agencia, se trata de documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa.