El Departamento de Justicia descartó este jueves iniciar una investigación preliminar contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio, en respuesta a una querella presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández.

De igual forma, Justicia descartó reabrir el caso contra Roig Fuertes por otorgar un contrato de $60,000 mensuales a un hogar para el cuidado de un participante supuestamente condicionado a la subcontratación de una empresa de seguridad vinculada a un allegado suyo. Los hechos se remontan al pasado cuatrienio, cuando la funcionaria dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

La negativa a abrir una pesquisa preliminar por alegado perjurio responde a un referido de Hernández contra Roig Fuertes, ante el señalamiento de que pudo haber mentido, al declarar ante el Senado, durante su proceso de confirmación, que no conocía de ninguna investigación en su contra por los hechos registrados cuando trabajaba para Salud.

De acuerdo con Justicia, la evidencia examinada confirmó que la funcionaria participó en reuniones y rindió una declaración jurada ante Salud, pero que los abogados de esa agencia certificaron que no existe prueba de que Roig Fuertes haya sido notificada como investigada, sospechosa ni “persona de interés” en procedimiento administrativo o penal alguno.

Además, según el comunicado circulado en la noche del jueves –poco después de concluir el Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González–, Roig Fuertes tampoco fue citada por Justicia en esa calidad ni surge de ningún documento del expediente dicha prueba.

En el referido enviado a Justicia, Hernández alegó que, durante la consideración de su nombramiento, Roig Fuertes le mintió al cuerpo legislativo al negar que tuviera conocimiento de alguna pesquisa en su contra, omitiendo la que pesaba sobre ella desde 2022.

Ese año, la funcionaria fue referida a Justicia por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, por su presunto vínculo con la concesión de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía en destaque la referida división en esa agencia.

El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado supuestamente a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad, y que está vinculada a un allegado de la secretaria.

Roig Fuertes, sin embargo, ha sostenido que desconocía que Salud investigaba su supuesta participación en el otorgamiento del contrato.

Sobre esas denuncias, Justicia fundamentó este jueves su negativa a reabrir la investigación, que fue archivada en octubre pasado, en que “un fiscal sin participación previa en la pesquisa original” examinó documentos adicionales presentados por Hernández, entre ellos, facturas, comunicaciones electrónicas, entrevistas y documentos relacionados con One Source Investigations y el participante, identificado como INR, y determinó que esa información “no constituye prueba nueva ni altera las determinaciones de la Orden de Cierre y Archivo previamente emitida”.

“En consecuencia, no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación”, enfatizó Justicia en sus declaraciones.

El lunes, en seguimiento a la denuncia, el portavoz del PPD en el Senado se reunió con personal de Justicia y del Negociado de Investigaciones Especiales y, a su salida, se había expresado confiado en que Roig Fuertes sería investigada.

---

Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.