El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, presentó este lunes una demanda contra el Departamento de Justicia para que entregue copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones que involucran a servidores públicos archivadas desde septiembre de 2025.

“Luego de varias gestiones con el Departamento de Justicia para que entregase información al Senado relacionada con una investigación que estamos realizando referente al archivo de cerca de doscientos y pico de casos... no hemos tenido otra alternativa que demandar al Departamento de Justicia para que provea esta información”, confirmó Hernández en una conferencia de prensa.

En el recurso legal, radicado por Hernández en su carácter como senador, solicita al Tribunal de Primera Instancia que, conforme al Código Político, ordene a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, producir la información, que incluye el listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, así como copia de la orden de cierre y archivo emitida para cada uno de los 229 casos.

“Este reclamo nace del ejercicio legislativo legítimo... Se trata de un ejercicio claro, reconocido desde hace décadas: la fiscalización y la rendición de cuentas. Ninguna agencia, repito, ninguna agencia, ningún jefe de agencia puede irritarse porque el Senado de Puerto Rico le pida información”, subrayó Hernández.

No fue posible, de inmediato, obtener comentarios del Departamento de Justicia.

Durante las pasadas semanas, Justicia ha sostenido que permitir el acceso público a estos escritos expondría las estrategias legales y evaluaciones de evidencia de los fiscales, lo que –a juicio de la agencia– laceraría “irremediablemente” la efectividad de futuras investigaciones criminales e, incluso, de casos activos o ante los tribunales.

La agencia ha alegado, además, que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa, afectando su derecho a la intimidad y reputación. Mientras, planteó que las Reglas de Evidencia protegen los análisis legales y las interpretaciones de la prueba recopilada por el abogado del Estado.

“Requerir información a una agencia del gobierno de Puerto Rico no es un ejercicio de presión política. En Puerto Rico, se ha reconocido que el legislador tiene, entre sus facultades, investigar, fiscalizar el gobierno, debatir asuntos de interés público y mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública“, señaló, por su parte, el senador José A. “Josian” Santiago.

El cierre o resolución de los casos ocurrió como resultado de la firma de la Orden Administrativa 2025-09, con fecha del 3 de septiembre del pasado año, que instruyó a reevaluar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

Hernández ha cuestionado el hecho de que Justicia compartiera con el Senado los detalles del cierre de los señalamientos contra Roig Fuertes, pero se niegue a hacer lo propio en las otras instancias. Al respecto, la agencia ha rechazado la comparación, ya que argumenta que su manejo “respondió a circunstancias particulares de alto interés público y a información previamente divulgada”.