Ante la negativa del Departamento de Justicia, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, confirmó este miércoles que, “en los próximos días”, acudirán a los tribunales para que la agencia entregue copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones de corrupción pública archivadas desde septiembre de 2025.

“Esta semana, nuestros asesores legales están redactando la demanda y lo que me falta es, entonces, determinar si radicamos a través del Senado, autorizado por el presidente (Thomas Rivera Schatz), como ha ocurrido antes, o si lo hacemos nosotros como delegación”, señaló Hernández.

Justicia ha sostenido que permitir el acceso público a estos escritos expondría las estrategias legales y evaluaciones de evidencia de los fiscales, lo que –a juicio de la agencia– laceraría “irremediablemente” la efectividad de futuras investigaciones criminales e, incluso, de casos activos o ante los tribunales.

Ha alegado, además, que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación violaría la privacidad de testigos y personas contra las que no se halló causa, afectando su derecho a la intimidad y reputación. Mientras, las Reglas de Evidencia protegen los análisis legales y las interpretaciones de la prueba recopilada por el abogado del Estado.

“Estamos viendo inconsistencias en los planteamientos, particularmente con las razones jurídicas por las cuales se niegan a entregarlo. Me parece que nos asiste la razón, y estoy convencido que el tribunal nos va a dar la razón”, señaló Hernández.

“Los cierres se hacen como parte de una orden administrativa que firmó la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez Torres). Ella fue la que fijó los parámetros, y al Senado lo que le interesa es si esos casos fueron archivados siguiendo la orden administrativa”, apuntó al senador.

El cierre o resolución de los casos ocurrió como resultado de la firma de la Orden Administrativa 2025-09, con fecha del 3 de septiembre del pasado año, que instruyó a reevaluar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad.

Entre las investigaciones cerradas, está la que, desde 2022, pesaba sobre Suzanne Roig Fuertes, actual secretaria de la Familia, por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el pasado cuatrienio. En este caso, Justicia sí compartió copia del expediente.

Hernández ha cuestionado el hecho de que Justicia compartiera con el Senado los detalles del cierre de los señalamientos contra Roig Fuertes, pero se niegue a hacer lo propio en las otras instancias. Al respecto, la agencia ha rechazado la comparación, ya que su manejo “respondió a circunstancias particulares de alto interés público y a información previamente divulgada”.

“Esta orden administrativa se hizo para archivar, específicamente, casos de funcionarios públicos, que el interés más apremiante es saber qué tipo de casos son. Es una petición muy razonable, muy específica y obedece a la facultad que tenemos de hacer investigaciones legislativas”, insistió Hernández.