El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acogió este martes la determinación del Departamento de Justicia, de no reabrir la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante la ausencia de evidencia adicional que sustente continuar una pesquisa criminal contra la funcionaria por sus gestiones el pasado cuatrienio, cuando laboraba en el Departamento de Salud.

En una misiva cursada al líder senatorial, el Departamento de Justicia defendió mantener el caso cerrado, al concluir que la información adicional analizada –incluyendo entrevistas y el análisis de un fiscal externo– no aportó elementos suficientes para revertir el archivo original ni para sustentar cargos de perjurio o intervención ilícita en procesos contractuales.

“Luego de evaluar integralmente la documentación adicional sometida, las entrevistas realizadas, las gestiones investigativas suplementarias y el expediente previamente recopilado, el Departamento de Justicia concluyó que la información presentada no aportó elementos probatorios adicionales suficientes para alterar sustancialmente las conclusiones alcanzadas durante la investigación original”, estipuló la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en su carta.

Durante la sesión, Rivera Schatz prácticamente dio el asunto por cerrado. “Si tuviera ante mí datos relevantes y convincentes de que hay algo mal aquí, le iba pa’ encima a la secretaria, como lo he hecho siempre. Lo que yo no puedo permitir es que abusen con nadie”, puntualizó. “Tratar de estirar el chicle del Departamento de Salud, pues, bueno, yo creo que es demasiado”, agregó.

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, reclamó la reapertura de la investigación contra Roig Fuertes –archivada en octubre de 2025– por otorgar un contrato de $60,000 mensuales a un hogar para el cuidado de un participante, supuestamente condicionado a la subcontratación de una empresa de seguridad vinculada a un allegado suyo.

El más reciente análisis de la agencia contempló los 11 anejos presentados por Hernández en su solicitud para reabrir la pesquisa. Estos documentos consistían en facturas de servicios, requerimientos de admisiones asociados a un litigio civil en curso, correos electrónicos y otras comunicaciones sobre pagos, procesos administrativos y la continuidad de servicios.

Asimismo, se evaluó la documentación sobre el destaque de Roig Fuertes en Salud en 2021, incluyendo el referido a Justicia firmado por el entonces secretario, Carlos Mellado. Finalmente, agregó Gómez Torres, se evaluó la relevancia y el valor probatorio del listado de testigos propuestos en la solicitud de reapertura.

“Como parte de la evaluación para determinar si se justificaba la reapertura del caso, se llevaron a cabo entrevistas y se realizaron gestiones investigativas adicionales. Estas acciones tuvieron como objetivo principal corroborar la información incluida en la solicitud de reapertura, asegurando que todo lo aportado fuera verificado de manera rigurosa”, consignó la titular de Justicia.

Las entrevistas realizadas, según Justicia, no solo permitieron corroborar la información contenida en las declaraciones juradas prestadas previamente, sino que precisaron algunos aspectos contextuales y operacionales relacionados con los servicios de la empresa One Source Investigations, subcontratada para servicios de cuido y seguridad de un participante de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Sobre el correo enviado por Roig Fuertes a una persona a la que se refiere como “Baby”, la agencia concluyó que no hay evidencia para identificar al destinatario ni para probar que el reenvío constituyera un beneficio indebido, una intervención ilícita en procesos contractuales o conducta criminal. Por ello, el mensaje se clasificó como prueba contextual “que no altera el archivo original del caso”.

Otra de las alegaciones levantadas por la delegación senatorial del PPD es que Roig Fuertes habría incurrido en perjurio al haber mentido, al declarar ante el Senado, durante su proceso de confirmación, que no conocía de ninguna investigación en su contra por los hechos registrados cuando trabajaba para Salud. Justicia sostuvo que Roig Fuertes nunca fue notificada como investigada o persona de interés en proceso administrativo o penal previo.

“El derecho, la evidencia y la percepción pública no siempre confluyen de manera armoniosa. Las decisiones deben basarse en hechos objetivos y en la normativa vigente, sin presiones ni factores ajenos. Este principio guía el trabajo del Departamento de Justicia, asegurando transparencia y responsabilidad institucional”, estipula la comunicación.