La hija de 11 años de la convicta Áurea Vázquez Rijos, quien cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su esposo, el empresario canadiense Adam Anhang, acudió al Tribunal federal en Puerto Rico para solicitar que se le asigne representación legal a su madre con el propósito de que pueda impugnar su condena.

Sin embargo, la petición fue rechazada este viernes por la jueza federal María Antongiorgi Jordán, quien determinó que no existía una controversia activa ante el tribunal.

La solicitud fue presentada mediante una carta firmada por la abuela materna de la menor, Carmen Rijos, quien es su tutora legal. En el escrito, la niña pidió que se le proporcionara un abogado a su madre para que pudiera presentar una moción bajo la sección 2255, un recurso legal federal que permite cuestionar una condena o sentencia cuando se alegan violaciones constitucionales.

En su mensaje, la menor apeló a la situación económica de su abuela, de 85 años, y expresó su deseo de tener la oportunidad de compartir con su madre fuera de prisión.

La niña señaló que su abuela no cuenta con los recursos para contratar a un abogado en Puerto Rico y que depende de los ingresos que recibe del Seguro Social. También manifestó que espera que su madre pueda obtener abogado y tenga la oportunidad de impugnar su condena.

No obstante, los argumentos expuestos en la carta se centraron principalmente en las circunstancias familiares y económicas de la menor y su abuela, en lugar de presentar alegaciones específicas sobre posibles irregularidades constitucionales durante el juicio.

“Jueza, acudo a usted para pedirle, por favor, que tenga a bien acepta la solicitud de asignarle un abogado de oficio a mi madre, Áurea Vazquez Rijos, para que pueda presentar una moción bajo la Sección 2255 y tener una oportunidad justa de luchar por su caso.

Nací en prisión. El caso de mi madre se remonta al año 2005, en los tribunales locales de Puerto Rico, y fue arrestada por las autoridades federales en el año 2013. Yo nací en el año 2015.

He crecido junto a mi abuela, quien ahora tiene 85 años. Por favor, mi abuela no puede costear los servicios de un abogado en Puerto Rico, ya que vive únicamente de los ingresos que recibe del Seguro Social.

Nunca he podido conocer lo que se siente recibir el calor maternal de mi madre. Si usted le asigna un abogado a mi mamá, quizás algún día pueda hacer realidad ese deseo.

Espero que pueda encontrar en su corazón la sensibilidad para considerar mi petición. Gracias".

Vázquez Rijos fue sentenciada a cadena perpetua en marzo de 2019, junto con su hermana, Marcia Vázquez Rijos, y José Ferrer Sosa, expareja de esta última, tras ser hallados culpables por el asesinato de Anhang.

El empresario canadiense fue asesinado el 22 de septiembre de 2005 en Puerto Rico. Durante el notorio juicio, la Fiscalía federal sostuvo que los acusados contrataron a Alex “El Loco” Pabón Colón para ejecutar el crimen. Pabón Colón fue uno de los principales testigos de la acusación y declaró que le habían ofrecido $3 millones por cometer el asesinato.

El proceso judicial también estuvo marcado por el conflicto económico entre Vázquez Rijos y su esposo. Según la información presentada durante el juicio, ambos firmaron un acuerdo prenupcial que contemplaba que, si uno fallecía, el otro recibiría el 30% de sus bienes.

La fortuna de Anhang se estimaba en $24 millones, por lo que la muerte del empresario habría representado para Vázquez Rijos una posible herencia de aproximadamente $8 millones. En cambio, si se concretaba el divorcio que Anhang supuestamente contemplaba, ella recibiría una cantidad mensual considerablemente menor, de poco más de $3,000 durante tres años, según los términos del acuerdo.

La Fiscalía planteó que ese escenario económico formaba parte del motivo detrás del asesinato.

En medio de la investigación, Vázquez Rijos abandonó Puerto Rico y se trasladó a Italia para evitar ser procesada, según los antecedentes del caso. Fue arrestada en España en 2013, cuando se encontraba de visita en ese país.

La hija que presentó la reciente solicitud nació mientras Vázquez Rijos permanecía encarcelada en Madrid, en 2015. El 29 de septiembre de ese año, la convicta fue trasladada a Puerto Rico para enfrentar el proceso judicial en su contra.

El juicio federal contra Vázquez Rijos comenzó el 30 de agosto de 2018 y concluyó con su condena a cadena perpetua en marzo de 2019. Ese mismo año solicitó un nuevo juicio, pero el intento no prosperó.

La carta presentada esta semana representa, entonces, una nueva gestión ante el tribunal en busca de representación legal que pueda cuestionar su sentencia.