Una magistrada federal ordenó el martes que Edwin Rivera Pérez, alias “Bubu”, y otros acusados en un caso de narcotráfico permanezcan bajo detención preventiva.

Rivera Pérez fue arrestado durante un operativo encabezado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) contra presuntos miembros de la ganga denominada como “La Familia Nunca Muere” en San Juan.

De los 52 acusados, diez tuvieron ayer su comparecencia inicial en el Tribunal Federal, en el Viejo San Juan, donde la magistrada Mariana Bauzá Almonte ordenó que permanecieran detenidos de forma temporal hasta la vista de fianza.

Para Rivera Pérez y otros tres acusados, la audiencia fue pautada para el jueves, 9 de abril, cuando discutirán una moción de la Fiscalía federal, radicada el martes pasado, para que todos los acusados se queden bajo custodia, sin fianza, hasta el juicio.

En su moción, el Ministerio público planteó que los cargos activan la “presunción de detención” porque “ninguna condición o combinación de condiciones garantizarán razonablemente la comparecencia de los acusados” ni “la seguridad de la comunidad”.

Para argumentar sobre la supuesta peligrosidad de los acusados, la Fiscalía alegó que la organización criminal a la que presuntamente pertenecían Rivera Pérez y los demás acusados “coordinaba y sostenían control de la distribución de sustancias en múltiples puntos de drogas”.

Agregó que la ganga “mantuvo el control sobre todas las actividades de narcotráfico dentro de su territorio mediante el uso de la fuerza, las amenazas, la violencia y la intimidación. A lo largo de la conspiración, LFNM se enfrentó constantemente a otras organizaciones rivales de narcotráfico e, incluso, en ocasiones, a sus propios aliados”.

“También cometieron actos de violencia, incluyendo tiroteos y asesinatos, para impulsar sus operaciones de narcotráfico. Estos actos ocurrieron con frecuencia en lugares públicos, a plena luz del día y en presencia de transeúntes inocentes, incluyendo niños, así como en establecimientos como bares y discotecas, poniendo así en peligro la seguridad pública”, añadió.

La Fiscalía federal informó que, para demostrar sus alegaciones, cuentan con testimonios de individuos que supuestamente pertenecieron a la organización criminal.

Además, señaló que cuenta con evidencia documental, incluyendo el contenido de dispositivos ocupados, fotografías y vídeos de armas, drogas y municiones ocupadas, así como de compras de sustancias controladas.

También destacó que algunas de las imágenes muestran a los miembros de la ganga armados, vistiendo chalecos antibalas y máscaras “en un vehículo a plena luz del día”.

La moción incluye imágenes obtenidas mediante el allanamiento de cuentas de redes sociales de algunos de los acusados, que muestran decenas de rifles, cargadores, cientos de balas, chalecos antibalas y máscaras. Una de las imágenes muestra a uno de los acusados disparando en horas del día en un lugar boscoso.

Asimismo, alegó que los acusados son un “riesgo de fuga” debido a que se exponen a altas penas de cárcel, incluyendo cadena perpetua.

Según la DEA, la organización sería responsable de aproximadamente 30 asesinatos, incluyendo la masacre de un niño de 4 años y dos jóvenes adultos, durante una fiesta de cumpleaños en el 2023.

Durante una conferencia de prensa, ayer, el director de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, confirmó que el caso de Cataño forma parte de la evidencia de la acusación mientras continúan investigando esas muertes.

En el 2023, las autoridades estatales habían presentado cargos contra Rivera Pérez, por violación a la ley de armas, porque supuestamente estaba armado en el momento de la balacera. Alegaron que había publicado un vídeo que incitó el ataque a tiros que cobró la vida del niño y otras dos personas.

Rivera Pérez también era el conductor de la guagua baleada en junio de 2022, cuando murió asesinada su entonces pareja Isadora Nieves Cruz, conocida en las redes sociales como “Pinky Curvy” y también acusada en el caso federal contra “Las FARC”, organización que en el pasado se ha documentado que usa la frase: “La Familia Nunca Muere”.

Por su parte, Muldrow se limitó a indicar, en términos generales, que “parte de ese grupo estaban aliados con unas personas un día y después estaban en contra de esas personas”.

“El grupo que está acusado forma parte de la misma cooperación, pero eso no quiere decir que en un momento dado estaban, algunos, con ellos y otros (estaban) en contra de ellos”, afirmó.

Si fueran a ser procesados por algún asesinato en la esfera federal, tendrían que enmendar el pliego acusatorio.

Al momento, los cargos son por tráfico de drogas, específicamente cocaína, heroína, marihuana y fentanilo, en San Juan, Morovis y Cataño, en una conspiración que habría comenzado en el 2018, desde cuando habrían generado sobre $12 millones.