AIBONITO - Un debate surgió en la vista de status por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito por una petición que hiciera la defensa para que le entreguen lo que considera pudiera contener prueba exculpatoria.

El licenciado Jesús Ramos Púcar, abogado de la imputada Elvia Cabrera Rivera, solicitó acceso a vídeos e imágenes que tenga el Ministerio Público.

Asimismo, el abogado reclamó que le entreguen copia de acuerdos de inmunidad que haya establecido la Fiscalía.

También planteó que se le suministre la orden de registro y allanamiento en la casa de su representada, incluyendo el resultado de una muestra de material genético o ADN.

Pero lo que mayor controversia causó en la sala judicial fue la petición de la defensa para recibir la lista de todos los testigos que tiene el Ministerio Público para el caso en general, incluyendo los que no vayan a declarar en la etapa de vista preliminar, sino también para juicio.

“Sabemos que tienen la prerrogativa de presentar la prueba que entiendan (en la vista preliminar), pero si hay testigos no citados (para la vista preliminar), eso puede ser prueba exculpatoria”, argumentó Ramos Púcar.

“No es invasivo. No estamos pidiendo declaraciones juradas. Sabemos que hay una lista de testigos en las denuncias, pero sabemos que no todos serán citados”, agregó.

Mientras, las abogadas de la Sociedad de Asistencia Legal que representan a la imputada Anthoneiska Avilés Cabrera, de 17 años, también solicitaron prueba exculpatoria.

Para ambas solicitudes, la Fiscalía aseguró en la sala que no tienen alguna prueba exculpatoria en esta etapa del procedimiento judicial.

Por su parte, el fiscal Edwin Ortiz debatió las peticiones específicas de Ramos Púcar, planteando que las solicitudes están fuera de lo que establece el ordenamiento jurídico.

“El debido proceso de ley no es un cheque en blanco”, expuso Ortiz.

Recordó que las reglas judiciales establecen que pueden presentar la prueba que necesiten en vista preliminar y dejar para la etapa del juicio el juicio el resto de la evidencia que entiendan pertinente.

“En este momento no hay prueba exculpatoria de DNA (siglas en inglés para material). Están pidiendo algo que les tocará en el descubrimiento de prueba (para el juicio)”, apuntó el fiscal.

“Entendemos que no es prueba exculpatoria y no base en el récord para que tengamos que descubrir esa prueba (en esta etapa). En el momento que toque, se le entregarán todos los exámenes que se hicieron, incluyendo las muestras”, añadió.

La jueza Marielem Padilla Cotto no emitió una orden al momento. Dispuso que la Fiscalía conteste por escrito en un máximo de dos días para emitir una resolución.

De otra parte, la abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, Athelyn Jiménez Emmanuelli, solicitó que la joven imputada sea trasladada a la Institución Juvenil del Departamento de Corrección, en Ponce.

El Ministerio Público no presentó objeciones, señalando que es un asunto administrativo del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Pero, Jiménez Emmanuelli explicó que los cargos que provocan que sea procesada como adulta implican que sus documentos sean enviados directamente a la cárcel del DCR y requiere intervención una orden judicial para que puedan ser entregados en la Administración de Instituciones Juveniles, para viabilizar el traslado.

Debido a que la Fiscalía no se oponía, la jueza expresó que podría emitir la orden de traslado sujeto a que un funcionario del DCR validara en la sala que la movida es posible, ya que la agencia había tomado medidas logísticas para garantizar la seguridad de Avilés Cabrera.

En otro asunto discutido en la sala, la defensa solicitó acceso a documentos escolares de la joven imputada. La Fiscalía no se opuso, pero pidió que el tribunal les entregue copia, pese a que pudieran tener acceso por tratarse de documentos gubernamentales.

La tragedia se reportó el pasado 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.