Las partes en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez y otros dos coacusados pidieron tiempo adicional para lograr un acuerdo que les evite ir a juicio.

Después de reuniones en Washington D.C. entre abogados de la defensa y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía federal y los abogados de la defensa informaron este lunes a la jueza Silvia Carreño Coll que mantienen planes de continuar las conversaciones para no llegar ante un jurado.

El juicio está pautado para el 25 de agosto en el Tribunal Federal en San Juan.

El fiscal Nicholas Cannon indicó que han “tenido progreso significativo en las pasadas tres semanas para una potencial resolución”.

Dijo que tienen un “marco trabajo” y que han estado “trabajando de buena fe”, pero que, “como han comenzado desde cero, las negociaciones necesitan tiempo adicional”.

Según el fiscal, la expectativa es poder informarle al tribunal esta semana o la próxima el resultado de las conversaciones sobre si irán a juicio o no.

Por su parte, Christopher Kise, uno de los abogados del coacusado Julio Herrera Velutini, solicitó una extensión de cuatro días para la fecha límite de radicar mociones dispositivas y de supresión de evidencia, hasta el 20 de junio.

Señaló que la posposición busca “finalizar el proceso” de conversaciones y, quizás, “liberar al tribunal de la carga de evaluar las mociones” en caso de que lleguen a un acuerdo.

“Reportaremos al tribunal el próximo lunes sobre si habrá una resolución”, agregó Kise.

La reunión en la capital federal había sido anunciada originalmente el 22 de mayo en una moción de la Fiscalía federal en conjunto con los abogados de la defensa.

Ninguno de los documentos presentados hasta el momento ha utilizado el término de “change of plea negotiation” o “negociación para alegación de culpa”. Solo han hecho referencia a que “las partes han acordado entrar en discusiones de buena fe para resolver este caso en el interés de la justicia”.

Otra moción, del 30 de mayo, describió como “productiva” la primera reunión entre altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los abogados de dos de los acusados, mientras que los representantes de uno de los coacusados se limitó a recibir un resumen. No se precisó cuál fue.

Un gran jurado emitió un pliego acusatorio, el 3 de agosto de 2022, contra Vázquez Garced, el banquero Herrera Velutini y el consultor financiero Mark Rossini, quien previamente fue agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), por soborno relacionado a un programa federal, fraude electrónico y fraude de servicios honestos.

Los tres hicieron alegación de no culpabilidad. En cambio, ya se declararon culpables -por separado y cooperan con las autoridades- el exasesor político de Vázquez Garced, John Blakeman, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito International Bank.

Los cargos alegan que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini participaron en un presunto esquema de soborno para remover a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) con el propósito de detener una pesquisa que llevaba a cabo sobre Bancrédito International Bank, del banquero venezolano, a cambio de contribuciones a la campaña de la exmandataria para las primarias de 2020.