El juez David Calderón Cordero, del Tribunal de Bayamón, acogió, en la tarde de este jueves, la petición del Ministerio Público para llamar a declarar mediante sistema de circuito cerrado (vídeo) a la adolescente de 17 años que presuntamente fue víctima de un patrón de maltrato y restricción de la libertad por parte de cinco integrantes de su familia.

“Este caso reúne los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para que la menor preste su testimonio mediante sistema televisivo de circuito cerrado. En particular, concluimos que los indicadores psicológicos que resultaron de las pruebas impartidas por la doctora Judith Mercado Colón ponen a la menor en un estado de vulnerabilidad emocional general que sería probablemente exacerbado por testificar en presencia física de las imputadas”, sostuvo Calderón Cordero en declaraciones emitidas por el Departamento de Justicia.

“En consecuencia, determinamos que el uso del Sistema Televisivo de Circuito Cerrado no solo aportaría a proteger el bienestar y la salud física de la menor, sino a promover que pueda comunicarse efectivamente”, añadió el juez.

Según la resolución de 15 páginas, Calderón Cordero concluyó que existe una posibilidad de que la adolescente pueda experimentar fuertes emociones que le pudieran impedir comunicarse efectivamente durante su testimonio.

La Fiscalía de Bayamón presentó, el 30 de enero, cargos contra cinco integrantes de una familia por maltrato de menores y restricción de libertad relacionado a hechos presuntamente cometidos contra la joven en la urbanización Las Colinas, en Toa Baja, donde residía junto a su familia.

El Ministerio Público formuló 15 cargos contra los integrantes de la familia ante el juez Rafael Parés Quiñones, quien encontró causa para arresto en los delitos imputados bajo la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y por el delito de restricción de libertad.

Entre los imputados están el padre biológico de la víctima, identificado como Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años; la esposa de este y madrastra de la menor, Suhely Rivera Guzmán, de 49 años; y las hermanastras de la víctima, identificadas como Richeily M. Carmona Rivera, de 30 años, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, y Roselyn Carmona Rivera, de 24 años.

En ese momento, Parés Quiñones impuso una fianza de $200,000 a Meléndez Pagán y a Rivera Guzmán que no prestaron, siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón.

Mientras, las tres hermanastras quedaron en libertad tras prestar la fianza mediante fiador privado.

El incidente ocurrió a las 4:00 p.m. del 28 de enero, cuando la menor huyó de su casa y llegó hasta una farmacia Walgreens, frente a la urbanización donde residía. Allí, solicitó ayuda y se reportó la situación a la Policía mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La menor le manifestó a los agentes que era víctima de maltrato. La menor recibió asistencia médica y las autoridades iniciaron una investigación.

La pesquisa condujo al arresto de los cinco miembros de la familia.

Según el testimonio de la adolescente, supuestamente, la mantenían encerrada en una habitación, obligándola a hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua, y apenas permitiéndole bañarse una vez por semana.

La joven también relató que supuestamente solo comía una vez al día, y en ocasiones pasó hasta dos días sin ingerir alimentos. Cuando logró escapar, sostuvo que no había comido en cuatro días.