El contratista Daniel García Martín hizo alegación de culpa hoy, jueves, por posesión ilegal de armas que le fueron ocupadas durante una intervención relacionada con trabajos que realizó para los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera.

La vista se llevó a cabo ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach.

García Martín, de 68 años, estuvo representado por la abogada Jessica Earl, de la Oficina del Defensor Público, mientras que el Ministerio Público contó con la federal Linet Olinghouse. En el caso, también ha participado el fiscal Seth Erbe.

“Culpable, vuestro honor”, dijo García Martín cuando el juez le preguntó cómo se declaraba con relación al cargo en el pliego acusatorio en su contra por violación a la ley de armas.

Como parte del proceso en la audiencia, Arias Marxuach le preguntó a García Martín si “alguien lo forzó a cambiar” su alegación inicial de no culpable.

“No, vuestro honor”, contestó García Martín.

El juez insistió con la pregunta de si hacía el cambio a culpable de forma “voluntaria completamente”.

“Eso es así”, respondió.

El juez pautó la vista para el próximo 17 de junio, mientras que la fiscal indicó que García Martín se expone a un máximo de 15 años de prisión y tres años de libertad supervisada.

El pasado 27 de febrero, la abogada de la defensa había adelantado que García Martín haría una “alegación de culpa directa” o “straight plea”, cambiando su alegación original de no culpable, sin indicar que hayan llegado a un acuerdo con la Fiscalía federal.

Durante la audiencia de hoy ni del expediente público del caso se desprende que haya habido algún acuerdo entre las partes o algún tipo cooperación del acusado con las autoridades.

Un gran jurado presentó el 23 de octubre de 2025 un cargo contra García Martín por presuntamente poseer tres armas de fuego y 143 municiones de forma ilegal, pues había sido convicto por un caso de asesinato en segundo grado en 1998 y por el que cumplió 12 años en prisión.

Según la acusación, el 17 de octubre de 2025, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron la residencia de García Martín el 17 de octubre y le ocuparon una pistola Beretta calibre nueve milímetros (9mm), tres revólveres y 143 municiones.

Del mismo modo, durante ese allanamiento, los agentes del FBI ocuparon $104,000 en efectivo.

En octubre pasado, se le negó salir bajo fianza en una vista en la que trascendió que el FBI había allanado la casa de García Martín como parte de una investigación sobre las construcciones en La Parguera.

En aquella vista, la fiscal Olinghouse argumentó que uno de los factores por los que no debía estar en la calle, además de un supuesto peligro para la comunidad, era porque representaba un riesgo de fuga, debido a que García Martín “está al tanto de que es el objeto de una investigación en curso”, por lo que “está viendo a posibles penalidades adicionales”.

Por su parte, la abogada de la defensa dijo que su representado había recibido el acercamiento de agentes del FBI “más de una vez durante el año pasado porque es, alegadamente, un constructor que ha estado trabajando en la casa de la gobernadora en La Parguera. Así es como esto comenzó”.

Señaló que la orden de allanamiento indicaba que los agentes del FBI fueron a la casa buscando computadoras, recibos “y otras cosas como esas”.

Tratando de plantear que se trata de alguien que no representa peligro para la comunidad, Earl dijo que “la única razón por la que se acercaron a García es por La Parguera y la construcción que estaba dándose allí”.

Planteó que el FBI “quería información” en relación a “su investigación sobre las actividades en construcción en La Parguera”.

“Los cargos en la orden de registro están relacionados con la Ley de Agua Limpia, con cosas sobre la construcción en La Parguera, nada que relacione, para indicar que estaban preocupados al registrar su casa porque él pudiera ser una persona peligrosa”, planteó la abogada.

Posteriormente, al informar que denegaba la fianza, el magistrado federal Marshal Morgan indicó que “la orden (de allanamiento) surgió de una investigación de cuello blanco no relacionada (con este caso) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”, basado en la información provista por las partes durante la vista de detención.

Luego, la Fiscalía federal aclaró que “no existe ninguna investigación de cuello blanco (ni de ningún otro tipo) contra la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

No obstante, no descartó que sí exista la pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

Por su parte, el abogado de los suegros de la gobernadora aseguró en octubre pasado que sus clientes no tenían en ese momento constancia de que exista una pesquisa a nivel federal sobre la residencia que ocupan en el área de La Parguera, en Lajas, aunque sostuvo que, en el pasado, han sido abordados por presuntos oficiales de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

La casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, ha sido eje de controversia.

En agosto de 2023, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó querellas por violaciones ambientales relacionadas con las casas ubicadas en La Parguera debido a que la construcción de nuevas estructuras sin permiso o concesión. La querella contra los suegros de González pedía una ascendente a $25,000, junto a la restauración del hábitat natural y “la remoción total de la estructura”.

La Oficina de Asuntos Legales del DRNA reclamó una multa de $20,000, luego de que, en febrero de 2022, el Cuerpo de Vigilantes se topara con la construcción de una plataforma en madera de 20 pies de largo por 15 de ancho, sobre “aproximadamente” 21 pilotes rellenos de cemento.

Después de las elecciones y el comienzo de la gobernación de González, la nueva administración del DRNA emitió una orden administrativa para legalizar el estatus de decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera.