Una demanda civil por $5 millones fue radicada en el Tribunal Federal en San Juan por turistas contra los presuntos responsables de colocar cámaras de vídeo ocultas que los grabaron durante su estadía en una casa alquilada a través de Airbnb en Hatillo.

La empresa de alquileres a corto plazo también fue incluida como demandada en el caso, así como la compañía aseguradora y otros desconocidos.

El recurso legal no solamente contiene un relato de los presuntos hechos, sino que también incluye imágenes que, supuestamente, presentan el momento en el que uno de los demandados instaló una de las cámaras en una de las habitaciones de la casa rentada por los perjudicados.

Asimismo, reclama que los demandados “causaron graves daños emocionales a los demandantes, así como a sus hijos, y les hicieron sufrir angustia, miedo, ansiedad y tristeza debido a la situación que enfrentaron en la propiedad alquilada de los demandados”.

“Los demandantes tienen derecho a recibir una compensación completa, justa y equitativa por los daños sufridos, una suma razonable no menor a $5,000,000”, agregó.

Los hechos fueron reportados en febrero de este año, en una residencia en la urbanización Mar Azul en Hatillo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inicialmente se había unido al caso, pero está en proceso de dejar la pesquisa en manos de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Negociado de la Policía.

Según la demanda, los turistas - un hombre, una mujer y dos menores - alquilaron la propiedad el 15 de febrero y comenzaron su estadía dos días después para quedarse hasta el 23 de febrero, tras firmar un contrato que, supuestamente, no informaba que dentro de la propiedad habían cámaras grabando.

El documento relata que el 20 de febrero, cuando se preparaban para ir a la playa, la mujer estaba en uno de los baños cuando notó algo en el receptáculo de electricidad justo al lado del espejo. Lo describió como “un cristal redondo que parecía un lente de cámara”. Entonces, verificó los receptáculos del cuarto principal, donde también encontró lo mismo.

Le avisó a su pareja, pero él pensó que era solo un reflejo de la luz, por lo que se fueron a la playa. No obstante, la mujer buscó más información en Internet sobre cámaras ocultas.

Tras regresar a la propiedad, la mujer sacó el receptáculo que estaba sobre el espejo del cuarto principal “y descubrió que el receptáculo contenía una cámara oculta casi del tamaño de la punta de un lápiz”.

Entonces, el hombre sacó el otro receptáculo de la misma habitación y, “a medida que lo hacía, una caja negra envuelta en cinta adhesiva con un cable largo negro adjunto comenzó a salir de la pared”.

La demanda sostiene que, de inmediato, avisaron a las autoridades. Posteriormente, oficiales de la Policía le tomaron declaraciones e hicieron fotos de las cámaras, pero no las tocaron, pues tenían que esperar por la investigación.

Poco después conversaron con los huéspedes que se estaban quedando en la planta baja de la misma casa. Al explicarle lo que sucedía, inspeccionaron el lugar y también encontraron dos cámaras ocultas.

Después de que los oficiales se fueron, los demandantes se enteraron que esas cámaras podían tener tarjetas para almacenar imágenes, así que buscaron y encontraron tres tarjetas, una en cada cámara del segundo piso.

“Sin embargo, al retirar el tercer receptáculo, se encendió una luz azul en la parte posterior de la caja negra, por lo que los demandantes concluyeron que el dispositivo estaba conectado activamente o se estaba accediendo de forma remota”, apunta la demanda.

Tras pasar la noche en otra propiedad que le proveyó Airbnb - y que inspeccionaron antes - los demandantes consiguieron al otro día una computadora para revisar el contenido de las tarjetas.

“Al abrir los archivos, descubrieron miles de grabaciones de vídeo y audio listadas y archivadas, cada una etiquetada con la fecha de creación”, resaltó la demanda.

Al verificar la fecha de su estadía, los demandantes se vieron a ellos mismos y “vieron imágenes de sus hijos, desnudos o en diversos grados de desnudez”. Asimismo, denunció que las imágenes incluían a la pareja sosteniendo relaciones sexuales.

“El miedo absoluto, la angustia emocional, la rabia y el profundo dolor, así como el profundo sentimiento de violación experimentado por los demandantes, tanto a nivel personal como en nombre de sus hijos, eran insondables”, expone la demanda.

Entonces, buscaron la imagen más antigua para determinar si había alguna grabación del momento en que fue instalada la cámara.

“Para su horror indescriptible, descubrió un video que mostraba al ‘demandado número uno’ en el dormitorio principal instalando y ajustando el lente de la cámara oculta”, detalló la demanda.

Añadió que se ve al individuo “sosteniendo un segundo dispositivo de cámara y luego confirmando la transmisión en vivo en su teléfono celular mientras verificaba el ángulo y el punto de vista de la cámara”.

Esas imágenes tienen fecha del 1 de febrero de 2024, más de un año antes de que fueran descubiertas por los demandantes.

Alertaron de nuevo a la Policía y acudieron a la propiedad, donde se encontraron con el oficial que había atendido la querella original, quien les informó que esperaba por una orden judicial de allanamiento. Pero, como se estaba tardando, el agente se fue al tribunal para gestionarlo personalmente.

Poco después, un vecino le alertó a los turistas que había visto al dueño del apartamento conduciendo por el área. Una hora después, la persona que rentó la planta baja le dijo a la turista que había visto a dos hombres acceder al segundo piso por una entrada trasera.

La demanda sostiene que se trataban de los dos hombres que ahora están incluidos en la demanda. Alega que fueron “para retirar las cámaras ocultas instaladas en todo el apartamento, ayudado por una mujer desconocida con una computadora portátil en la mano”.

Alertaron a un policía que estaba afuera y el turista subió “a la unidad y físicamente confrontó” al demandado, sacándolo afuera". El agente intervino para separarlos y en ese momento el turista regresó a seguir al otro hombre. Lo confrontó y se enfrascaron en un acalorado intercambio".

“Poco después, la mujer desconocida con una computadora portátil salió de un automóvil y se unió a la discusión”, abundó.

A petición de la turista, su pareja desistió de la discusión. Entonces, los demandados “se fueron en vehículos separados”. La demanda no detalla si el agente se quedó con alguna información de ellos. No obstante, todo quedó captado por las cámaras de seguridad de un vecino de la propiedad, según la demanda.

Ya en horas de la noche, la Policía le avisó a los turistas que habían llevado a cabo un allanamiento y le pidieron que entregaran las tarjetas de memoria sacadas de las cámaras. Los inquilinos de la planta baja también encontraron tarjetas de memoria en las cámaras.

La demanda relató que, al día siguiente, después de prestar una declaración jurada en la Fiscalía de Arecibo, fueron a un restaurante y la turista fue al baño, donde “experimentó el primero de varios ataque de pánico que vendrían después”.

“Abrumada por la sensación de ser observada, no pudo usar el baño, y los demandantes abandonaron el restaurante poco después”, agregó.

Señala que esa noche la mujer “no pudo dormir” al experimentar “pesadillas vívidas en las que ella y sus hijos están siendo vigilados”. De acuerdo con la demanda, una de las hijas de la pareja también manifestó consecuencias emocionales.

“Profundamente afectados por los acontecimientos, los demandantes no podían dormir debido a pesadillas recurrentes y vivían con miedo constante durante el día, una condición que persiste hasta la actualidad”, explicó.

“Salieron de su alojamiento solo cuando fue absolutamente necesario durante el resto de su estancia”, mientras que la mujer “se concentró en brindar apoyo emocional a su hija, quien confesó que se sentía mal y creía estar cayendo en un estado de depresión como resultado de la terrible experiencia”.

También alega que, “al regresar a Estados Unidos, la familia continuó sufriendo una grave angustia emocional y los daños causados ​​por estos acontecimientos”.

La demanda, asignada al juez de distrito Pedro Delgado, del Tribunal Federal en Hato Rey, alega violaciones a leyes federales por grabación ilegal, así como violaciones a la Constitución y las leyes de Puerto Rico.