El acuerdo de culpabilidad alcanzado por el exbaloncelista Eddin Orlando “Guayacán” Santiago Cordero y la Fiscalía federal incluye una recomendación de sentencia de 12 a 18 meses en prisión por su participación en un esquema fraudulento de venta y distribución de medicamentos recetados.

Santiago Cordero compareció este jueves a la sala dos del Tribunal federal en Hato Rey, donde cambió su alegato a culpable ante la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán.

El tribunal fue informado sobre el acuerdo en la primera semana de mayo. Aunque, en principio, el acuerdo permanecía sellado, el documento fue liberado durante la tarde.

Santiago Cordero fue arrestado el 25 de septiembre del 2024, junto a varios dueños de farmacias, durante un operativo federal que cerró la puerta al esquema mediante el cual se generaron sobre $13 millones en ganancias.

En principio, el exbaloncelista -que militó con los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN)- se declaró no culpable.

El acuerdo de culpabilidad, que consta de 12 páginas, fue firmado por Santiago Cordero el 20 de mayo y reveló que el acusado generó presuntamente $956,567.25 por la distribución y venta ilegal de medicamentos, a pesar de que no contaba con licencia para ello.

Según el documento, Santiago Cordero se declaró culpable del cargo uno por participar “en la distribución mayorista de medicamentos mal rotulados y desviados para obtener ganancias financieras” y por vender “medicamentos en bolsas plásticas sin etiquetas, sin fechas de expiración ni instrucciones”.

Aunque el Código de Estados Unidos (U.S.C.) sostiene que el delito se penaliza con hasta cinco años de prisión, una multa máxima de $250,000 y hasta un año de libertad supervisada, la Fiscalía federal acordó recomendar una sentencia de 12 a 18 meses de prisión y pagar una pena especial de $100 por el cargo por el cual se declaró culpable.

No obstante, Antongiorgi Jordán tendrá la potestad de acoger o rechazar la recomendación sobre la sentencia, e imponer la que entienda pertinente.

El acuerdo de culpabilidad establece que, “si la sentencia impuesta está dentro o por debajo del rango acordado, el acusado renuncia a apelar cualquier aspecto de la sentencia”.

La vista de sentencia fue pautada para septiembre.

Por otra parte, Elisa Cruzado Ramos, quien fue identificada en el 2024 por las autoridades federales como farmacéutica de Farmacia Santa Olaya, en Bayamón, alcanzó un acuerdo por la fiscalía para declararse culpable en el caso. Así fue registrado en el expediente judicial el pasado 29 de mayo.

De igual manera, también alcanzaron acuerdos de culpabilidad Sheila Rodríguez Agosto y Gerardo A. Romero Marcano, identificados como copropietarios de la Farmacia San Antonio, en Canóvanas. En su caso, el acuerdo se hizo disponible el 28 de mayo.

De otro lado, esta semana fue sentenciado en el Tribunal federal otro de los acusados en este caso, Marlon E. Marino Leal, quien fue identificado por la fiscalía como uno los distribuidores y vendedores de medicamentos sin autorización médica.

A Marino Leal, alias “Chamo”, se le impuso tres años de libertad supervisada, una pena especial de $100 y una multa de $1,000, según la minuta de la vista de sentencia, que, además, revela que al acusado le desestimaron varios cargos que enfrentaba.

Además, Reynaldo Guzmán Martínez, alias “Bebo Canales”, identificado por la fiscalía como presunto distribuidor y/o vendedor de los medicamentos sin receta, fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y deberá pagar una multa de $100.

Otro acusado que ya fue sentenciado en este caso es José M. Amalbert Rohena, alias “Chema”, otro presunto distribuidor y/o vendedor, quien fue condenado a tres años de libertad supervisada, una pena especial de $100 y multa de $2,000.

Tanto a Guzmán Martínez como a Amalbert Rohena se le desestimaron cargos, según las anotaciones incluidas en el voluminoso expediente del caso.

Igualmente, José A. González Maldonado, conocido como “Potala”, también identificado como supuesto distribuidor y/o vendedor, fue sentenciado recientemente a cumplir tres años de probatoria y tiene que pagar una pena especial de $100.

En este caso, 25 individuos fueron acusados por un gran jurado el 19 de septiembre de 2024 por su participación en un esquema de fraude que inició en el 2018 y que consistía en la distribución al por mayor y sin licencia de medicamentos recetados “mal etiquetados”.

Posteriormente, los medicamentos, que eran vendidos en la calle por personas no autorizadas, eran adquiridos por empleados y dueños de farmacias, quienes entonces los vendían a sus respectivos clientes.

“Los dueños y empleados de farmacias hicieron reclamaciones falsas y fraudulentas en los planes de beneficios médicos como Medicaid y Medicare indicando que los productos vendidos a los clientes eran auténticos y fueron obtenidos a través de canales de distribución (y) farmacéuticas autorizadas cuando en realidad no lo eran”, dijo el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Willian Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa celebrada el día del operativo.

Muldrow explicó que los clientes de las farmacias no sabían que los medicamentos habían sido adquiridos de manera ilegal y que estaban mal etiquetados.

Entre los más de 105 medicamentos se encuentran Mounjaro y Ozempic, que son recetados para pacientes diabéticos, pero que ahora se utilizan para bajar de peso. También, hay medicamentos para tratar condiciones como el asma, la tiroides, el HIV y hasta la hepatitis.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados y defraudar al gobierno de Estados Unidos, conspiración para cometer fraude médico, distribución al por mayor sin licencia de medicamentos recetados, fraude al correo federal por utilizar nombres y direcciones falsas y por brindar falsos testimonios con relación a asuntos médicos.

Asimismo, enfrentan cargos por asociarse con comercios no autorizados, por etiquetar incorrectamente medicamentos recetados con la intención de engañar y defraudar, y por robo de equipo médico. En total, se enfrentan a penas que podrían alcanzar los 53 años en prisión por los cargos antes mencionados.

“Es un caso bien importante. Para este tipo de caso, creo que con los números de arrestados, es uno de los más grandes que hemos visto”, comentó Muldrow. “Pero la investigación sigue y ese es el primer paso”.