Un recurso de “mandamus” fue radicado en el Tribunal de Apelaciones para que ordene a la Policía informar a una mujer sobre el paradero de su hija de 18 años, quien es testigo en el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito.

La petición fue sometida ayer, domingo, por el licenciado Alfredo López Garay, abogado de Sheyla Rodríguez Torres, madre de la joven que identifican con las siglas de M.D.A.R., quien declaró en octubre durante la vista preliminar contra Elvia Cabrera, una de las acusadas por el crimen.

La joven fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre, por lo que la Policía activó la Alerta Rosa. Al día siguiente, fue desactivada debido a que fue encontrada en buen estado de salud.

El escrito de López Garay alega que, desde entonces, la Policía “no le ha informado a la madre, parte demandante, cuál es el paradero de su hija, qué hizo el Estado con ella, y a quién la Policía de Puerto Rico se la entregó”.

Relató que Rodríguez Torres pudo conversar con su hija en momentos en que estaba en la Comandancia de Aibonito, pero denunció que no le permitieron llevársela planteando que se encontraban realizando aún la investigación.

Según la madre, junto con su hija se encontraba personal del Programa de Protección a Testigos del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

“La Policía de Puerto Rico le informó a la madre que, se estarían comunicando con ella una vez terminaran la investigación”, apuntó.

Añadió que “en seguimiento a esa llamada que nunca llegó”, la madre volvió a comunicarse con la Policía. Denunció que en ese momento le indicaron que no le podían dar información.

Tras esa situación, radicaron una demanda de habeas corpus contra la Policía, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia en el Tribunal de Aibonito, que pautó una vista para el próximo 7 de enero.

En reacción a esa demanda, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, informó que la joven “no se encuentra bajo la custodia del Estado ni de ninguna de sus instrumentalidades”.

La funcionaria señaló en aquel comunicado de prensa que la joven, "tras hechos ocurridos en el seno familiar que atentan contra su integridad, ha manifestado su renuencia a regresar a su hogar".

“En ese contexto, y en su carácter de testigo en un proceso criminal, el Departamento de Justicia se limita a cumplir con su deber legal de ofrecerle el apoyo que, como testigo, solicite y requiera, conforme a la ley”, abundó Gómez.

No obstante, el nuevo recurso del abogado argumentó que al tener menos de 21 años, la joven “sigue siendo menor de edad y está bajo la patria potestad y custodia de los padres, a quienes no se les ha revocado la patria potestad”.

“Por lo anterior, la menor M.D.A.R. no tiene la capacidad legal para tomar decisiones sin sus padres con patria potestad”, agregó.

Sostuvo que “la negativa de la Policía de Puerto Rico ha dejado a la demandante, madre de la menor, en un estado de incertidumbre, desespero, ansiedad y alta preocupación, incompatible con la obligación del Estado de actuar con transparencia mínima”, sostuvo la moción del abogado.

Además, denunció que “es una clara e inequívoca violación a los derechos civiles de la madre con patria potestad; y un atentado al derecho constitucional de la madre a la patria potestad, custodia y a su compañía”.

En un comunicado de prensa, el abogado explicó que el recurso de “mandamus” solicita que el tribunal ordene a la Policía revelar el resultado de la investigación, las acciones tomadas al culminarla, quién tiene la custodia de la menor, bajo qué autoridad legal se entregó a terceros, el paradero actual de la menor, y por qué se ha negado información a su madre.

“La patria potestad no se suspende por instrucciones verbales ni por conveniencia administrativa. Si el Estado entiende que existe riesgo, debe acudir a los tribunales. Lo que no puede hacer es ocultar información y actuar a espaldas de los padres”, reclamó López Garay.