El trapero Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como Yovngchimi, continuará ingresado en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) en Guaynabo tras sufrir un nuevo revés judicial.

El magistrado Marshal D. Morgan, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, emitió una orden, que consta de 17 páginas, en la cual deniega la solicitud que hizo Avilés Monzón buscando salir libre bajo fianza.

En el documento, con fecha del 28 de abril, Morgan determinó, luego de revisar el expediente completo, que no hay justificación para alterar la orden de detención previa que emitió el juez federal Bruce J. McGiverin.

“La solicitud de fianza bajo condiciones de libertad del acusado es por lo tanto denegada”, determinó Morgan en la orden que emitió denegando la petición del artista, de 30 años y cuya copia obtuvo El Nuevo Día.

En resumen, Avilés Monzón enfrenta, desde el 12 de diciembre de 2024, un pliego acusatorio enmendado con dos cargos de posesión de una ametralladora, en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Actualmente, el intérprete de canciones como “Lucifer” y “Full of Diamonds” se encuentra en prisión a la espera de juicio, pero su defensa alega que el artista está encarcelado gracias a información tergiversada.

Según la acusación federal, Avilés Monzón enfrenta dos cargos por hechos ocurridos entre el 4 de junio de 2023 y el 25 de agosto de 2024 cuando, supuestamente, tuvo en su posesión “una ametralladora”.

Sobre el incidente del 4 de junio, la fiscalía alegó que la Policía encontró 7 armas de fuego -incluido una ametralladora- en el auto mientras el cantante y otras personas iban a un juego de baloncesto en Carolina.

Referente a ese caso, un Tribunal estatal determinó que el exponente urbano solo había incurrido en una violación al toque de queda. Sin embargo, la defensa alega que la Fiscalía federal tergiversó la información.

Según el equipo legal del artista, la afirmación de la fiscalía de que su representado tuvo “arrestos previos por armas de fuego” no es correcta e influyó en la decisión de la corte para mantener a su cliente en prisión.

Empero, Morgan no acogió ninguno de los argumentos que esbozó la defensa en busca de que su representado quedara en libertad. Más bien, reiteró en múltiples instancias porqué no eran válidos o no aplicaban.

El magistrado abordó cada uno de los planteamientos, que incluían, entre otras cosas, asuntos relacionados a la audiencia inicial, el “historial criminal previo” y un allanamiento a una residencia del reguetonero.

A pesar de ello, determinó que el equipo legal de Yovngchimi “no ha superado la pesada carga de demostrar que, en primer lugar, existe nueva información que no estaba previamente disponible para el acusado”.

“Para ser claros, el juez McGiverin basó su orden de detención en el hecho de que el acusado representaba un peligro para la comunidad, no un grave riesgo de fuga, ni un grave riesgo de obstrucción a la justicia”, dijo.

En la orden emitida por el magistrado se hace referencia a una moción en oposición que presentó la Fiscalía federal oponiéndose a la petición que hizo la defensa para que el artista quedara libre bajo fianza.

A esos fines, se hace referencia a que el acusado presuntamente estuvo en posesión de armas de fuego y se muestran dos fotografías que supuestamente se extrajeron de celulares de uno o más socios del acusado.

Las fotografías en cuestión supuestamente fueron tomadas el 8 de septiembre de 2024 mientras el acusado estaba cumpliendo un Programa de Desvío, detalla la orden del magistrado que, a su vez, cita a la fiscalía.

“(Las fotografías) muestran al acusado sosteniendo un arma de fuego junto con un socio suyo. En una de las fotografías, el acusado se ve de pie junto a una cancha de baloncesto en lo que parece ser un proyecto de vivienda pública”, dice la orden emitida por el magistrado, donde se hace referencia a las fotografías que forman parte de la evidencia de la Fiscalía federal.

“Además, el Gobierno alegó que no solo poseía armas de fuego mientras estaba bajo supervisión estatal, sino que también habló abiertamente de usarlas en redes sociales. Por ejemplo, en una conversación de WhatsApp fechada el 4 de junio de 2023, el acusado envió un mensaje a un socio suyo para que no le dejara el arma de fuego durante mucho tiempo porque, de lo contrario, podría utilizarla para matar a alguien. Más tarde, el acusado explicó que estuvo a punto de dar un ”golpe" a alguien, pero decidió no hacerlo porque se encontraba en su vehículo personal”, añadió el magistrado.

Ante todo lo expuesto, Morgan indicó que la fiscalía demostró mediante pruebas convicentes que el acusado continuó poseyendo armas de fuego yametralladoras mientras estaba bajo supervisión en su caso estatal.

Por lo tanto, “ha demostrado una incapacidad, o al menos una falta de voluntad, para cumplir con las condiciones establecidas por por el tribunal”, mencionó el magistrado, en la orden revisada por este medio.

Para lograr salir de prisión, Yovngchimi presentó, a través de su abogado Saam Zangeneh, una moción en la cual ofrecía pagar $150,000 de fianza y poner como garantía una propiedad valorada en $700,000.

Se trataba de una propiedad recién adquirida en Trujillo Alto, según la moción, que tiene fecha del 28 de febrero, consta de 30 páginas y desglosa condiciones con las que estaba dispuesto a cumplir el reguetonero.

A esos efectos, el acusado estaba dispuesto a permanecer bajo supervisión electrónica y a aceptar que se registren sus propiedades en cualquier momento durante la tramitación del caso a nivel federal.

También, indicó que se sometería a pruebas aleatorias de drogas y alcohol, que estaría dispuesto a estar en encierro total y que accedería a no tener armas de fuego en su residencia, ni tan siquiera por motivos de seguridad.

En esa moción, además, la defensa dijo que a Yovngchimi le apasiona ayudar a su comunidad y se esfuerza por hacerlo”, y que, durante su detención, ha donado, al menos, $30,000 a organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, Morgan planteó que, si bien los ingresos y las donaciones alegadas son caritativas, no son determinantes en este análisis, ni compensan las pruebas claras de su peligrosidad para la comunidad.

“Tales donaciones no pueden ni comprar su libertad, ni anular la evidencia clara y convincente que demuestran el peligro significativo que representa para la comunidad en general”, indicó Morgan en su orden.

“De hecho, el hecho de que ganara tanto dinero mientras ejercía una profesión en la que sin duda sobresale, y el hecho de que eso no pudiera disuadirle de incurrir en comportamiento tan violento y agresivo, me convence de que no hay condiciones que el Tribunal puede imponer que puedan proteger, aunque sea mínimamente, la seguridad de la comunidad”, indicó.

El magistrado admitió que tampoco le convence la insinuación del abogado de que el acusado sólo está asumiendo una personalidad que se espera de los artistas en su profesión, específicamente en la industria urbana.

“El acusado entendió las reglas cuando se le permitió participar en un programa de desviación en el caso del Tribunal estatal. Eligió violar las condiciones de ese programa por su cuenta y riesgo”, afirmó.

“De hecho, dado el argumento del abogado y el aparente historial, parece que hay una manera de pensar que de alguna manera su implicación en el oscuro mundo criminal de las drogas y las metralletas de algún modo impulsan su reputación en la industria del reguetón. En la medida en que ese sea el caso, el acusado debe entender que tal pensamiento viene con graves riesgos y graves consecuencias”, puntualizó el magistrado.