Joseph Fuentes Fernández se declaró culpable de dar información falsa sobre los donantes de la campaña “Salvemos a Puerto Rico” como presidente del principal súper PAC a favor de Pedro Pierluisi.

Joseph “Joey” Fuentes Fernández, el presidente del principal súper PAC a favor del gobernador Pedro Pierluisi, se declaró hoy, jueves, culpable de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes quienes aportaron $495,000 a la campaña de Salvemos a Puerto Rico en contra de los rivales de Pierluisi en la campaña electoral de 2020.

Fuentes Fernández subió su mano derecha y juró decir la verdad, ante el juez federal Joseph Laplante, quien le enfatizó, previo a la declaración de culpabilidad, que el delito de encubrimiento se constituye “no por inadvertencia, sino porque sabías que había información material que estaba siendo falsificada, ocultada o encubierta”.

A preguntas del juez sobre si estaba seguro de que quería renunciar a su derecho de presentar su defensa en un juicio, Fuentes Fernández contestó: “El gobierno tiene base justa (para este caso). Fue un error enorme de mi parte. Me siento terriblemente mal sobre esto y solo quiero poner esto detrás de mí”.

Fuentes Fernández agregó que “hubo múltiples negociaciones (con el gobierno federal) hasta que llegamos a este acuerdo”.

Su abogado, José Aguayo, también representó a Salvemos a Puerto Rico, la entidad creada por Fuentes Fernández para hacer campaña contra los rivales de Pierluisi y que también se declaró culpable como persona jurídica representada por Fuentes Fernández.

“Hubo dos beneficios principales (del esquema criminal). Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían ser beneficiados al permanecer anónimos al no ser ligados a contributivamente y, al mismo tiempo, el funcionario público no podía ser ligado a esos anuncios. Beneficiaba tanto a los donantes como al recipiente o la tercera parte, que es el funcionario público”, explicó Jonathan Jacobson, el fiscal de la sección de Integridad Pública.

Fuentes Fernández, de 62 años y contador público con licencia para ejercer en Virginia y Puerto Rico, puede ser sentenciado hasta cinco años de prisión. Conforme a las guías de sentencia, el gobierno federal notificó que recomendará dos años de prisión. Aguayo, el abogado de defensa, buscará que sea menos tiempo, dice el acuerdo de culpabilidad.

Laplante informó que la vista de sentencia será presencial en el distrito de San Juan, al descartar categóricamente que se pretenda proteger, de algún modo, al acusado de enfrentar escrutinio público. “No hay reglas separadas ni hay distintos sistemas judiciales dependiendo del tipo de criminales”, puntualizó el juez que pertenece al distrito de New Hampshire.

Por parte de Salvemos a Puerto Rico, ambas partes -el gobierno y la defensa- acordaron pagar una multa de $150,000 inmediatamente, además de estar bajo probatoria durante tres años, sujeta a examen de sus libros sin anunciar por parte de un oficial probatorio o representante del gobierno federal.

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