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En la imagen, una vista de las instalaciones del Tribunal Federal de San Juan. (GFR Media)
En la imagen, una vista de las instalaciones del Tribunal Federal de San Juan. (GFR Media)

A nivel federal, el comité de acción política Salvemos a Puerto Rico -cuyo sistema de recaudación para hacer campaña en contra de los oponentes del ahora gobernador Pedro Pierluisi generó hoy un cargo criminal en contra de su presidente, Joseph Fuentes-, reportó cerca de $822,000 en donativos, atribuyendo fraudulentamente la mayoría de las contribuciones a las corporaciones fantasmas Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad.

De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés), casi todo el dinero, unos $785,000, fueron recaudados entre junio y diciembre de 2020, cuando el grupo publicó anuncios, primero, en contra de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, quien terminó perdiendo en primarias frente a Pierluisi, y luego se centró en atacar al candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a gobernador, Carlos “Charlie” Delgado.

Foundation for Progress aparece como donante de $260,000 en 2020. Otros $12,500 se le atribuyeron falsamente en 2021. Mientras bajo el nombre de Fundación Pro Igualdad se registraron irregularmente $235,000 en 2020.

Fuentes- amigo cercano de Pierluisi, contador público autorizado y quien ha tenido una empresa que asesora a inversionistas interesados en la isla-, se declaró hoy culpable de falsificar, ocultar o encubrir la identidad de donantes, engañando sobre el origen de $495,000 en donaciones que Salvemos a Puerto Rico atribuyó a Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad.

Al presentar los cargos en contra de Fuentes, la fiscalía federal detalló quienes verdaderamente entregaron el dinero que se atribuyó a las fundaciones fantasmas : National Guard Exchange Military Store ($50,000); Essential Insurance Services ($200,000); AP Engineering Inc. $94,200; JAAP LLC ($75,800); Alejandro Brito Zubierreta ($50,000); BAE FE LLC ($50,000); Northshore Management Corp. ($25,000); Little Pictures ($25,000); Arturo Díaz Angueira ($20,000); y LAS Enterprises Inc. ($15,000).

El jefe de la Guardia Nacional, José Reyes, indicó que National Guard Exchange (NGX) es el nombre bajo el cual hace negocios la empresa privada Castro Business Enterprises (CBE), que opera la concesión de las tiendas militares. Reyes sostuvo que no se trata de un donativo de la Guardia Nacional ni de su Fideicomiso Institucional.

La empresa Castro Business Enterprises LLC fue una de las compañías que le vendió al gobierno de Puerto Rico pruebas serológicas dentro de un proceso de transacciones irregulares que se dieron durante el inicio de la pandemia y que fueron investigadas por la Cámara de Representantes, el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

A la compañía Castro Business ni a su dueño Ricky Castro Ortiz se le radicaron cargos tras las pesquisas, pero en mayo de 2020, el Departamento de Salud determinó retirar las pruebas serológicas de COVID-19 de la marca Phamatech que compró a la empresa Castro Business luego de que la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) desautorizó su uso.

De acuerdo con la agencia, de las 8,100 que la compañía entregó al gobierno, unas 6,975 fueron distribuidas a través de centros de salud y laboratorios e inicios de la emergencia. Otras 200 fueron devueltas previamente por algunos laboratorios que mostraron reparos con su especificidad.

Los donativos reales que ahora revela Fuentes totalizan $605,000. Pero, la fiscalía advirtió que no todo el dinero que se envió a Fuentes fue presentado como aportaciones de las fundaciones fantasmas. Salvemos a Puerto Rico funcionó como un supercomité de acción política (PAC).

Las dos “fundaciones” fueron registradas sin ninguna persona a su nombre, aunque luego se registró como incorporador el exdirector de la Autoridad de Puertos Álvaro Pilar Vilagrán, quien, de hecho, radicó una querella en contra de la campaña de Vázquez tras argumentar que la entonces gobernadora no informó cómo pagó por 15 vehículos Nissan Sentra para actividades políticas, guaguas de tarima y sonido, anuncios televisivos y billboards, un centro de llamadas para su comité, así como canciones y equipo para su campaña.

La querella de Pilar Vilagrán fue desestimada por el contralor electoral, Walter Vélez, aunque fue referida a la División de Auditoría y Gastos para que se aclararan otros asuntos.

El gobernador Pierluisi afirmó que su comité electoral no coordinó ninguna campaña con Salvemos a Puerto Rico.

La fiscalía federal ha descrito como donativos ilegales solo los que se identifican con las fundaciones fantasmas.

Pero, las contribuciones registradas por Salvemos a Puerto Rico incluyeron al propio Fuentes ($40,055), su socio en la empresa Iconic Caribbean Roberto Cacho ($76,800) y la institución Bancrédito Holding ($75,000, incluidos $25,000 en 2021).

Thriving Investments ($50,000), Jobs & Oportunity ($50,000) y hasta el sindicato de la AFL-CIO International Union of Painters and Allied Traders ($20,000) aparecen también en la FEC con importantes donativos.

Hay $3,850 registrados a nombre del abogado de Miami John Genovese o su firma. Genovese es miembro del comité de acreedores no asegurados que han participado del proceso de bancarrota y reestructuración de la deuda creado por la ley Promesa.

Otras contribuciones habrían sido entregadas por los socios de la firma Genovese, Joblove & Batista, Michael Joblove ($1,000) y Jonathan Perlman ($500).

Otro donante conocido es el de la firma de abogados del extesorero del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jerome Garffer, por un total de $5,000.

En plena campaña electoral, el entonces director de campaña de la gobernadora Vázquez, Jorge Dávila, presentó una querella en contra de Salvemos a Puerto Rico ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al alegar que coordinaba sus anuncios con la campaña de Pierluisi.

Fuentes vive y trabaja en la zona de Washington, donde es cofundador de la firma Iconic Caribbean, que promueve la inversión en Puerto Rico por medio del programa de visados EB-5 y los beneficios contributivos que existen en la Isla.

Iconic Caribbean tiene entre sus empresas colaboradoras al bufete legal Steptoe & Johnson, y uno de los socios de la firma es el exgobernador Luis Fortuño.

Como estudiante universitario, el gobernador Pierluisi coincidió con Fuentes en Nueva Orleans. Pierluisi se graduó de bachillerato de la Universidad de Tulane y Fuentes de Loyola University.

*La periodista Wilma Maldonado colaboró con este reportaje.

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