La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, defendió la gestión de los fiscales de la Fiscalía de Aibonito asignados al caso del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario y reiteró que el Ministerio Público cuenta con “un caso sólido” contra las imputadas Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera.

“El Ministerio Público tiene un compromiso con la verdad y con la administración de la justicia en cada uno de los casos que se ventilan en los tribunales en Puerto Rico. También hay un firme compromiso con proteger a las víctimas en cada litigio. Los ataques a la ética e integridad de los representantes del Ministerio Público no se pueden admitir, porque carecen de argumentos en derecho y además, los mismos no han sido traídos a la atención del tribunal”, resaltó Gómez Torres en declaraciones escritas recibidas por El Nuevo Día.

Gómez Torres reaccionó, de esta manera, a las expresiones vertidas por la licenciada Mayra López Mulero, abogada de Cabrera Rivera, el 26 de noviembre, antes de entrar a la sala del Tribunal de Aibonito para la celebración de una vista de estatus.

“En efecto, el Ministerio Público tiene serios problemas con su prueba y el país se va a enterar. Ellos han hecho lo posible por tratar de evitar que se conozcan los serios problemas que tienen con su prueba. Esta investigación adolece de serios defectos, se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. Oportunamente voy a ampliar esa información”, resaltó López Mulero, el 26 de noviembre, a Telenoticias de Telemundo.

La secretaria de Justicia añadió que la agencia no permitirá que “conductas irresponsables” afecten el curso del proceso judicial.

“La Fiscalía, a nombre del pueblo, cuenta con un caso sólido; mientras por su lado, la defensa pretende confundir al pueblo con tácticas cuestionables para lanzar dudas sobre el proceso, buscando el beneficio individual. El compromiso de cada representante legal, sin importar su función dentro de un caso, tiene que ser con la verdad y procurar la pureza de los procesos. Y no vamos a permitir que conductas irresponsables afecten el curso de los procesos judiciales", subrayó la funcionaria.

“Nuestro compromiso sigue siendo litigar este caso de manera seria y responsable ante el tribunal, no en otros foros, y velando porque se respete el foro judicial y a las víctimas del caso”, finiquitó Gómez Torres.

López Mulero asumió la representación legal de Cabrera Rivera tras la renuncia, el 10 de noviembre, del letrado Jesús Ramos Puca, quien dijo que tomó la decisión por presuntos “conflictos éticos entre las partes”.

“Desde el 4 de noviembre de 2025 a la fecha, la imputada, su núcleo familiar y este abogado, hemos tenido la oportunidad de dialogar identificando un claro conflicto de tipo ético, expresado en comunicaciones y de forma verbal”, resaltó Ramos Puca en la moción radicada ante el Tribunal de Aibonito en la que informó sobre su renuncia.

Cabrera Rivera, de 40 años, y Avilés Cabrera, de 17, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Pratts Rosario (16 años) en hechos registrados el 11 de agosto en Aibonito.