El Senado de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare en desacato al secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, por incumplir una orden judicial que le exigía entregar documentos relacionados con las declaraciones contributivas del exsecretario de Justicia Antonio Sagardía.

La acción surge luego de que la agencia no produjera los documentos dentro del término de 48 horas que le concedió la jueza Iris Cancio González el pasado 24 de marzo, tras acoger una solicitud del cuerpo legislativo.

En un recurso radicado este viernes, el Senado sostuvo que Hacienda “incumplió con la orden” del tribunal al no entregar la información requerida, por lo que solicitó que se le encuentre incurso en desacato civil, conforme al Artículo 34-A del Código Político.

La controversia se remonta a una petición de información aprobada de forma unánime el 12 de marzo, mediante la cual el Senado requirió a Hacienda confirmar si Sagardía —quien figura como contratista de múltiples agencias— radicó declaraciones informativas (W-2 y 480), así como detalles básicos como fechas, recipientes de pagos y si estas fueron enmendadas.

Tras la negativa de Hacienda a divulgar los datos el 17 de marzo, alegando confidencialidad bajo el Código de Rentas Internas y protecciones constitucionales, el Senado acudió al tribunal el 23 de marzo para obligar la entrega de la información.

El 24 de marzo, la jueza Cancio González declaró “ha lugar” la solicitud y ordenó a la agencia entregar la información en un plazo de 48 horas, al tiempo que advirtió que el incumplimiento sería castigado como desacato civil.

No obstante, el Departamento de Justicia —en representación de Hacienda— presentó en la noche de ayer una moción de reconsideración en la que solicitó revisar la orden y reiteró que la información es confidencial y no puede divulgarse.

En su moción de reconsideración, Justicia planteó que la protección a los datos contributivos no se limita a las planillas, sino que abarca cualquier información sometida al Departamento de Hacienda, incluidas las declaraciones informativas W-2 y 480, así como la identidad de las personas que recibieron pagos, lo que, advirtió, podría afectar derechos de terceros.

Además, Justicia cuestionó el alcance de la investigación legislativa al señalar que el Senado no detalló el propósito ni la pertinencia de la información solicitada, y alegó que Sagardía es un ciudadano privado, por lo que goza de una mayor protección constitucional.

Como parte de sus argumentos, también sostuvo que el Senado no notificó adecuadamente al exsecretario de Justicia sobre el requerimiento de información, como exige la jurisprudencia establecida en Rullán v. Fas Alzamora, lo que, a su juicio, invalida la petición.

En declaraciones escritas, la secretaria auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia, Tania Fernández Medero, defendió la posición de la agencia y sostuvo que la controversia trasciende el caso particular de Sagardía.

“La Constitución de Puerto Rico establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado. Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, expresó.

La funcionaria añadió que la defensa de Hacienda responde a su deber de salvaguardar las garantías constitucionales de todos los contribuyentes, al tiempo que advirtió que permitir el acceso a este tipo de información sin base jurídica vulneraría el ordenamiento legal.

A pesar del recurso de reconsideración, Hacienda no produjo los documentos dentro del término dispuesto por el tribunal, lo que dio paso a la solicitud de desacato presentada por el Senado.

“Como se sabe, se trata meramente de confirmar si un contratista gubernamental había emitido cierta declaración ante el Departamento de Hacienda. En ese sentido, debemos apuntalar que el Senado de Puerto Rico no solicitó información ni copias sobre las planillas de contribución, como tampoco información personal del contratista gubernamental”, sostuvo el cuerpo legislativo en su solicitud más reciente.

En síntesis, el Senado solicitó a Hacienda indicar si Sagardía preparó declaraciones W-2 o 480 —lo que podía responderse con un “sí” o “no”—, así como las fechas de radicación, los nombres de los recipientes de pagos y si dichas declaraciones fueron corregidas o enmendadas.

La petición surge de la solicitud 2026-0036, mediante la que se buscaba corroborar si Sagardía cumplió con sus responsabilidades contributivas en el contexto de pagos a empleados o servicios prestados como contratista independiente.

En paralelo, la petición también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

Los requerimientos surgieron luego que Sagardía, exsecretario de Justicia, defendió públicamente a la ahora exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en las que cuestionó el manejo de la administración de Jenniffer González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.