Dos presuntos integrantes de la organización criminal vinculada con el asesinato del sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez, ocurrido en marzo de 2024 en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina, fueron sentenciados a nivel federal.

Así lo anunció la Fiscalía federal en Puerto Rico, al abordar el caso de Jeremy Millán Isaac, alias “Pequeño” y “Zepe”, presunto integrante de la ganga “La Alianza”, también conocida como “La Familia”, quien fue sentenciado por la jueza de distrito federal María Antongiorgi Jordán.

Millán Isaac fue sentenciado a 27 años y 10 meses de prisión por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas. La vista fue el 13 de octubre y el acusado también deberá cumplir 10 años de libertad supervisada, informó la fiscalía.

El caso forma parte de los resultados judiciales anunciados por la Fiscalía federal para la semana del 12 al 16 de octubre, período en el que se reportaron 10 sentencias y tres declaraciones de culpabilidad en procesos vinculados al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force o HSTF).

Otro de los sentenciados fue Charlie J. Dalmau Román, conocido como “Tres Deos” o “Tres Dedos”, quien recibió 17 años de prisión y 10 años de libertad supervisada por conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas.

La misma pena de 17 años de cárcel y 10 años de libertad supervisada se impuso a Moisés Serrano De Jesús, también por conspiración para distribuir drogas.

Entre los casos que involucran armas de fuego figura el de Jeffrey Figueroa Rosado, sentenciado a nueve años de prisión y ocho años de libertad supervisada por conspiración para distribuir sustancias controladas y posesión de armas en apoyo al narcotráfico.

Alexie M. Delgado Torres recibió una condena idéntica por los mismos delitos el 16 de octubre.

Por su parte, Ángel L. Agosto Andino, conocido como “Bilito”, “Bartolo” y “Birlito”, fue sentenciado a 10 años y un mes de prisión, además de seis años de libertad supervisada, por conspiración para distribuir sustancias controladas.

En otro caso relacionado con el tráfico marítimo de drogas, Francisco Javier Mercedes recibió una pena de cinco años y 10 meses de prisión y dos años de libertad supervisada por conspirar para distribuir 173 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Jaime Delgado Muñoz, acusado en otro proceso por conspirar para distribuir 225 kilogramos de cocaína transportados en una embarcación bajo jurisdicción estadounidense, fue sentenciado a 51 meses y 17 días de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada.

Las otras sentencias anunciadas corresponden a Víctor Z. Sifonte Rivera, condenado a seis años de prisión y ocho años de libertad supervisada por conspiración para distribuir drogas.

La Fiscalía federal también informó que tres hombres se declararon culpables durante esa semana.

Iván González Costa se declaró culpable el 14 de octubre de un cargo relacionado con una conspiración para cometer fraude electrónico, bancario y postal. Su sentencia fue pautada para el 19 de enero de 2027.

Carlos Víctor Ruiz Jiménez se declaró culpable el 15 de octubre de un cargo de conspiración para traficar sustancias controladas. La vista de sentencia quedó señalada para el 13 de enero de 2027.

Mientras, Juan Gabriel Morales Alonso se declaró culpable el 16 de octubre de cargos relacionados con conspiración para poseer drogas con intención de distribuirlas y posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico. Su sentencia fue programada para el 27 de enero de 2027.

Los casos fueron procesados como parte de la iniciativa HSTF, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159 para combatir organizaciones criminales transnacionales, carteles, pandillas extranjeras y redes de tráfico y contrabando de personas.

La fuerza de tarea reúne a agencias federales y estatales, entre ellas el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Guardia Costera y la Policía de Puerto Rico.

La Fiscalía federal indicó que la iniciativa busca coordinar investigaciones y procesamientos contra organizaciones criminales que operan en Estados Unidos y en el extranjero.