Blanca R. García Sostre, exdirectora regional de Arecibo del Departamento de la Familia, radicó una demanda civil contra el Gobierno de Puerto Rico y cuatro funcionarias, incluyendo la jefa de la agencia, Suzanne Roig Fuertes, quien ha estado en el ojo público por fuertes señalamientos relacionados con contratos y/o intentos de contrataciones.

En la demanda, radicada ayer, martes, por el bufete Ayala Cádiz en el Tribunal de Arecibo y que consta de 14 páginas, la exdirectora regional alegó que, desde 2025 hasta junio de 2026, fue víctima de hostigamiento laboral y maltrato verbal y psicológico por parte de Roig Fuertes. Por estos presuntos hechos, reclamó un total de $1.35 millones.

“Durante el ejercicio de sus funciones, la demandante comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal, maltrato psicológico, menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las codemandadas Suzanne Roig Fuertes, Lynette Pérez Molinari, Sofía Benítez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz”, lee la demanda recién presentada.

Además de las personas mencionadas, el pleito incluye al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), representado por la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, quien dirige la agencia encargada de manejar los pleitos presentados contra funcionarios estatales.

En resumen, García Sostre alegó que sufrió un supuesto patrón de “insultos, descalificaciones, imputaciones falsas, exclusión de actividades institucionales, remoción de funciones, delegación arbitraria de funciones a subordinados, campañas de difamación”, entre otros.

“La secretaria Suzanne Roig Fuertes profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de bruta y mentirosa”, dice el recurso en el que también se alegó que la demandante fue excluida de actividades oficiales y que se le despojaba progresivamente de sus funciones directivas para delegarlas en la subdirectora regional, Lynette Pérez Molinari.

La demandante -quien aspiró, en las primarias de 2024, a la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) para representante del Distrito 12 en la Cámara de Representantes y fue derrotada por Jesús Figueroa- también denunció comentarios difamatorios sobre su orientación sexual, represalias tras presentar una querella contra Pérez Molinari y la falta de atención a sus reclamos.

Para sustentar sus alegaciones, la demandante detalló varios incidentes, entre ellos uno ocurrido el 14 de mayo de 2025, cuando, según el documento, Roig Fuertes asistió a una actividad del representante del Distrito 14, pero excluyó a García Sostre, quien entonces se desempeñaba como directora regional de la jurisdicción. En su lugar, la representación institucional de la región fue delegada a la subdirectora regional.

“Días antes de la actividad, la codemandada Roig se comunicó con la demandante y le manifestó, de manera impositiva, que no la quería ver en la actividad, que siguiera instrucciones y que no fuera insubordinada. Posteriormente, al concluir el evento, la codemandada Roig se personó en el tercer piso de la Oficina Regional de Arecibo, donde se encontraba la oficina de la demandante, y se dirigió a ella amenazándola e intimidándola con destituirla”, dice la demanda, cuya copia obtuvo El Nuevo Día.

Según el documento, en varias llamadas realizadas en junio de 2025, Roig Fuertes supuestamente la cuestionó en tono hostil sobre asuntos administrativos y movimientos de personal. La demandante alegó que la funcionaria la acusó de mentir, la interrogó sobre una posible gestión de empleados para presentar una queja en La Fortaleza y le advirtió que tenía mayor influencia institucional y que podía removerla de su puesto cuando lo estimara conveniente.

La exdirectora afirmó que el trato recibido afectó su bienestar emocional y la llevó a buscar ayuda psicológica. Además, señaló que presentó una querella formal el 1 de julio de 2025 contra Pérez Molinari, a quien acusó de hostigamiento laboral, de tomar fotografías suyas sin autorización y de divulgar comentarios sobre su orientación sexual. Según el recurso, cuando presentó sus reclamos ante Roig Fuertes, la secretaria no los atendió.

La demanda también sostiene que la respuesta de nivel central a la querella, recibida el 29 de enero de 2026, atribuyó a la demandante responsabilidad por el hostigamiento, sin entrevistar a los testigos que había propuesto ni considerar adecuadamente la evidencia.

“La demandante había sido nombrada para ejercer el cargo de directora regional de Arecibo, pero la codemandada Roig obstaculizó sistemáticamente el ejercicio legítimo de sus funciones y transfirió funciones directivas de forma irregular a la subdirectora regional, la codemandada Pérez Molinari”, dice el documento.

En el recurso también se abordó otro presunto incidente que habría ocurrido el 18 de marzo de 2026, cuando supuestamente Roig Fuertes convocó una reunión de directores locales en el restaurante Los Chavales. “El propósito de dicha reunión era que los directores comentaran cosas negativas sobre la demandante. Los directores locales presentes se indignaron e indicaron que dicha reunión era una falta de respeto, ya que la demandante no se encontraba presente”, lee el texto.

En el documento, a su vez, se hace alusión a otro incidente donde, presuntamente, el 7 de mayo de 2026 la demandante fue agredida por otra empleada, que, según alega, llegó a bloquearle la salida de su vehículo y le gritó expresiones ofensivas. La demandante indicó que contaba con cámara de seguridad en su vehículo que grabó parte del incidente, pero que, tras lo ocurrido, la encargada de Recursos Humanos, la codemandada Vivian Martínez Ruiz, le indicó “falsamente a la demandante que tanto ella como la agresora estaban ‘botadas’”.

Según la demanda, “minutos después, personal de La Fortaleza contactó a la demandante alegando que la co-demandada secretaria Roig Fuertes había reportado un altercado violento provocado por la demandante, lo cual era falso”. La demandante señaló a un funcionario de La Fortaleza, identificado como Omar Massa, quien, presuntamente, el 8 de mayo de 2026 ordenó colocar a la exfuncionaria en un período de vacaciones forzadas, sin justificación legal y sin debido proceso de investigación, “fundamentado en la información falsa provista por la codemandada, (la) secretaria Roig Fuertes”.

La demanda también alega que, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras la exdirectora regional se encontraba en vacaciones forzadas, Pérez Molinari y Martínez Ruiz supuestamente ingresaron a su oficina sin autorización, con la aprobación de Roig Fuertes. Según el recurso, cambiaron las cerraduras, destruyeron documentos oficiales y se apropiaron de pertenencias personales de la demandante.

La exdirectora sostiene que el 19 de mayo se le notificó que había sido removida de su puesto y que se le ordenó abandonar las instalaciones bajo la custodia de un guardia de seguridad. También alega que Pérez Molinari continuó difundiendo comentarios sobre su vida privada y orientación sexual, además de amenazar con divulgar información, con el propósito de perjudicarla.

Asimismo, la demandante afirmó que el Departamento de la Familia retuvo pagos salariales y no transfirió, oportunamente, sus balances acumulados de vacaciones y enfermedad a su nueva agencia, el Departamento de la Vivienda. Según la demanda, la retención se vinculó a la alegada desaparición de un equipo electrónico de la oficina. La exdirectora considera que estas actuaciones constituyeron represalias y agravaron los daños emocionales y económicos que reclama en el pleito.

Por todos estos hechos expuestos, la demandante solicitó $1.35 millones por daños causados y que se desglosan de la siguiente manera: $150,000 por parte del Departamento de la Familia; $300,000 de Roig Fuertes; $300,000 de Pérez Molinari; $300,000 de Benítez Rodríguez; y $300,000 de Martínez Ruiz.