El convicto empresario Oscar Santamaría solicitó autorización del Tribunal Federal en San Juan para viajar fuera de Puerto Rico tras completar su sentencia de cárcel.

De acuerdo con la base de datos del Negociado federal de Prisiones de Estados Unidos, Santamaría completó este lunes la sentencia de cárcel que le fijó el juez Raúl Arias Marxuach en marzo de 2024.

La condena de 30 meses de cárcel, que inició en mayo de 2024, fue completada en 20 meses, ya que desde el 22 de diciembre comenzó a cumplir tres años de libertad condicionada.

Tan pronto como al día siguiente, su representación legal radicó una moción para que se le permita viajar a “Colorado con su esposa e hijos entre el 1 de enero al 10 de enero, en un viaje de reunificación de familia”.

“El acusado fue liberado recientemente de prisión y ha iniciado su período de libertad supervisada. Ha estado separado de su esposa e hijos desde su encarcelamiento, y la experiencia ha sido muy difícil para ellos. El acusado desearía tener la oportunidad de participar en este viaje de reunificación familiar, cuyo objetivo es comenzar a sanar el trauma de la separación de su padre”, añadió.

Asimismo, la moción destacó que la Fiscalía federal “no se opone al viaje solicitado, siempre y cuando el acusado cumpla con todas las condiciones impuestas por los Servicios Previos al Juicio y el honorable Tribunal”.

Además de prisión y libertad condicionada, el juez lo sentenció a pagar una multa de $100,000 y una confiscación de $6 millones.

La incautación de esa cantidad de fondos “personales” fue ordenada por el tribunal en mayo de 2024.

Según documentos judiciales, Santamaría mantuvo esquemas de corrupción con múltiples municipios, incluyendo Cataño, Guaynabo, Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao, entre otros.

Santamaría se declaró culpable en el 2021 por un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales, mientras que, como parte del acuerdo, no fue acusado por múltiples esquemas en varios municipios al cooperar posteriormente con las autoridades en investigaciones que llevaron a alcaldes y otros funcionarios a ser convictos.

Durante la vista de sentencia, el juez destacó que “fueron múltiples contratos y cientos de miles de dólares en Cataño, pero el informe presentencia dice que estaba en el centro de corrupción más allá de Cataño”.

El togado reconoció la importancia de la cooperación con las autoridades, pero también destacó que Santamaría contaba con las habilidades y experiencia para “ganarse un sustento honesto” al contar con dos bachilleratos, un diploma de abogado y una maestría.

“Tenía todas las herramientas para seguir adelante con honestidad”, afirmó el juez, quien resaltó que, mientras cometía los actos de corrupción, Santamaría también había tenido contratos con varias dependencias del gobierno central, como la Procuradora de las Mujeres, DTOP, la ACA y AAFAF, entre otros.

Island Builders, Waste Collection y VIP Healthcare fueron algunas de las empresas de Santamaría que recibieron contratos municipales en casos de corrupción procesados por las autoridades federales.

Santamaría aceptó que, durante algún tiempo, entre el 2017 y el 2021, pagó $2,000 semanales al entonces alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. Según el acuerdo de culpabilidad, en ese período, una de sus compañías obtuvo sobre $39 millones en contratos con ese municipio. Una segunda empresa logró $584,830, mientras que una tercera superó los $7 millones.

Santamaría fue identificado como un “líder” en los esquemas de corrupción municipales, según una moción de un contratista convicto, Mario Villegas Vargas, quien expuso a su exsocio y también convicto Raymond Rodríguez, de JR Asphalt.

“Rodríguez, con Santamaría como líder, diseñó un plan para conseguir contratos gubernamentales mediante el pago de sobornos y comisiones ilegales a una amplia gama de candidatos políticos de los dos principales partidos políticos”, explicó la defensa de Villegas Vargas.

Añadió que, “incluso, antes de 2017 crearon un grupo de empresarios y profesionales que proporcionaría a Santamaría grandes cantidades de efectivo para dar contribuciones a los candidatos políticos, a alcaldes y otros cargos públicos para ayudar a garantizar que estos empresarios y profesionales, incluidos ellos mismos, obtengan contratos municipales”.

“Rodríguez y Santamaría acordaron que se solicitarían contratos en los municipios donde cada uno de ellos tenía conexiones políticas”, reveló la moción de Vargas.

Santamaría reconoció que tuvo su primera relación de soborno con Luis Arroyo Chiqués cuando era alcalde de Aguas Buenas, después de que lo conociera a través de Rodríguez y Villegas.

Lo que Santamaría no sabía era que, en algún momento, el entonces alcalde de Cataño grabó en vídeo las interacciones ilegales, lo que pasó a formar parte de la evidencia de las autoridades federales. Delgado cooperó con los investigadores desde el 2020.

En mayo de 2021, Santamaría recibió una llamada de su abogada, quien lo citó con urgencia a su oficina.

“Cuando llegué allí fui al salón de conferencias y había dos agentes federales del FBI y tres asistentes de la fiscalía federal. Ellos me dieron una presentación, me mostraron algunas fotos, María me dijo que ellos tenían grabaciones que me conectaban con transacciones ilegales. Vi las fotos y vi que me habían estado siguiendo. Ella (Domínguez) me dijo que tenían todo listo para acusarme”, relató Santamaría, durante un testimonio en el tribunal.

Las autoridades federales le dieron dos horas para considerar declararse culpable.

“Llamé a mi esposa, tuve una reunión con mi esposa. Como tengo seis hijos, decidí bajo la recomendación de mi abogado y mi esposa, declararme culpable”, testificó durante uno de los casos.

Y también acordó cooperar. Así fue cómo grabó las entregas de sobres con dinero en efectivo al entonces alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. También fue el testigo clave en el juicio contra Pérez, quien fue sentenciado a cinco años de prisión.

“Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo”, afirmó Santamaría durante su testimonio en el juicio contra el exalcalde de esa ciudad.