El empresario Oscar Santamaría Torres comenzó su sentencia de cárcel tras declararse culpable en el Tribunal Federal en San Juan por corrupción en Cataño, aunque abarcó esquemas con varios municipios.

Santamaría Torres ya figura en el expediente electrónico de Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP, por sus siglas en inglés), que indica que fue ingresado al FCP Montgomery, que es un campamento penal de custodia mínima en Alabama.

Sin embargo, esa no es la cárcel que Santamaría Torres había solicitado originalmente, pues en la vista de sentencia su abogada, María Domínguez, solicitó que fuera ingresado en el complejo correccional federal en Pensacola, Florida.

Actualmente, ese complejo carcelario cuenta con una población de 732 confinados, según el portal de BoP.

Aunque no especifica cuándo culminará su condena tras las rejas, el juez federal Raúl Arias Marxuach emitió una sentencia de dos años y medio, en cálculo que reflejó su cooperación con las autoridades federales para lograr el encarcelamiento de múltiples funcionarios.

En la misma vista, el juez ordenó que se entregara a los alguaciles federales el 2 de mayo. Mientras, un día antes de que el empresario fuera puesto bajo custodia, la fiscalía federal presentó una moción solicitando “una orden de confiscación que consiste en una sentencia monetaria personal contra el acusado Oscar Santamaría Torres por la cantidad de $6,000,000″.

Entre otros puntos, la moción señala que si el convicto no pudiera pagar el monto, las Reglas de Procedimiento Criminal Federal permiten una enmienda para que la penalidad sea pagada a través de activos y propiedades que tengan un valor equivalente.

Posteriormente, Arias Marxuach ordenó el viernes pasado la confiscación de los $6 millones a Santamaría Torres, como se estableció en su acuerdo de culpabilidad y en la sentencia.

Santamaría se había declarado culpable en el 2021 por un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales, mientras que no fue acusado por múltiples esquemas en otros municipios en los que cooperó posteriormente con las autoridades.

Island Builders, Waste Collection y VIP Healthcare fueron algunas de las empresas de Santamaría que recibieron contratos municipales en casos de corrupción procesados por las autoridades federales.

Santamaría aceptó que, durante algún tiempo, entre el 2017 y el 2021, pagó $2,000 semanales al entonces alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

Según el acuerdo de culpabilidad, en ese período, una de sus compañías obtuvo sobre $39 millones en contratos con ese municipio. Una segunda empresa logró $584,830, mientras que una tercera superó los $7 millones.

Aunque fue acusado solamente por un cargo de conspiración en momentos en que cooperaba con las autoridades federales, Santamaría mantuvo esquemas de corrupción similares con múltiples municipios además de Cataño y Guaynabo, incluyendo Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao.

Santamaría fue identificado como un “líder” en los esquemas de corrupción municipales, según una moción de otro contratista convicto, Mario Villegas Vargas, quien expuso a su exsocio y también convicto Raymond Rodríguez, de JR Asphalt.

“Rodríguez, con Santamaría como líder, diseñó un plan para conseguir contratos gubernamentales mediante el pago de sobornos y comisiones ilegales a una amplia gama de candidatos políticos de los dos principales partidos políticos”, explicó la defensa de Villegas Vargas.

Añadió que, “incluso, antes de 2017 crearon un grupo de empresarios y profesionales que proporcionaría a Santamaría grandes cantidades de efectivo para dar contribuciones a los candidatos políticos, a alcaldes y otros cargos públicos para ayudar a garantizar que estos empresarios y profesionales, incluidos ellos mismos, obtengan contratos municipales”.

“Rodríguez y Santamaría acordaron que se solicitarían contratos en los municipios donde cada uno de ellos tenía conexiones políticas”, reveló la moción de Vargas.