Jueces del Tribunal Federal en San Juan frenaron temporalmente la remoción de inmigrantes en dos nuevos casos de personas arrestadas en Puerto Rico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Una de las órdenes fue emitida por el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, en el caso del arresto de Joan Alberto Zorrilla Lora.

El documento judicial señala que el hombre de nacionalidad dominicana llegó a la isla “sin pasar por los procedimientos de admisión adecuados”. Al año siguiente se casó con una ciudadana de Estados Unidos y, en 2024, le fue aprobada su petición de relación como extranjero, continuando con su proceso este año ante la corte de inmigración.

Según el juez, el pasado 8 de enero Zorrilla Lora fue detenido por la Policía Municipal de Carolina por una infracción de tránsito. El hombre le entregó al agente su licencia de conducir legalmente emitida por el Gobierno de Puerto Rico y que tiene el distintivo de “no ciudadano”. Fue citado para comparecer al cuartel y, cuando llegó el 15 de enero, fue arrestado por agentes federales de Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Desde entonces, se encuentra en un centro de detención en Aguadilla y teme ser trasladado a Florida previo a su deportación, por lo que solicitó una orden de emergencia que detenga su traslado y que sea liberado mediante habeas corpus.

Tras encontrar que el demandante demostró los elementos a su favor, el juez ordenó que las autoridades migratorias lo mantengan en Puerto Rico por al menos diez días y le concedió libertad bajo fianza por $100.

Asimismo, ordenó que ICE responda la alegación en la demanda de habeas corpus en o antes de este viernes, a las 5:00 p.m.

Mientras, la jueza federal Aida Delgado concedió una orden similar para Ramón Ibaldi Valdez, ciudadano de República Dominicana, quien vive en Puerto Rico en las mismas circunstancias que Zorrilla Lora desde el 2016.

De acuerdo con la orden, en 2022 la corte de inmigración le aprobó su petición de relación como extranjero tras haberse casado con una ciudadana, quien es residente permanente.

“Entre otras cosas, se alega que no tiene antecedentes penales, no representa ningún peligro para la comunidad y no presenta riesgo de fuga”, apuntó la orden.

El documento también indica que fue arrestado por ICE el pasado 23 de enero. Desde entonces se encuentra detenido en una instalación de esa agencia en Guaynabo, pero iba a ser transferido a Miami el 27 de enero.

“El señor Ibaldi alega que se encuentra detenido ilegalmente sin derecho a fianza bajo la custodia de los demandados (ICE), en virtud de una interpretación errónea” de un estatuto federal, expuso la jueza. “Alega que los demandados le han negado la oportunidad de una vista de fianza ante un juez de inmigración porque sostienen que está sujeto a detención obligatoria”.

Ibaldi también reclamó que tiene derecho a fianza y que su arresto fue una violación al debido proceso bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En su orden, la jueza apuntó que “el Tribunal considera que se cumplen estos factores discrecionales” y que “es probable que Ibaldi prospere en su alegación de que la postura de los demandados respecto a su situación de detención es errónea desde el punto de vista jurídico”, y que, por lo tanto, “tiene derecho, como mínimo, a una audiencia de fianza”.

“Es probable que el peticionario sufra un daño irreparable en ausencia de una orden de restricción temporal (TRO) porque el daño “irremediable” sería triple: detención, remoción de la jurisdicción de este Tribunal en espera del procedimiento de hábeas corpus; y las consiguientes e inminentes consecuencias que dicha remoción tendría sobre su persona y sus derechos”, explicó Delgado.

La jueza, entonces, ordenó que no sea removido fuera de Puerto Rico por el momento y que para el 2 de febrero ICE responda por qué no debe conceder la liberación bajo habeas corpus.

El asunto de la remoción es clave en los procesos de demandas de habeas corpus. En otro caso, radicado por Albeto Pierre, el inmigrante haitiano arrestado en Nochebuena mientras caminaba a una clínica acompañando a su esposa embarazada en Barrio Obrero, fue denegada la petición porque supuestamente había sido removido de la isla antes de que presentara el recurso.

En ese caso, la jueza Camile Vélez Rivé indicó que perdió jurisdicción en Puerto Rico y lo trasladó a la Corte de Distrito de Florida Central, pero la ACLU evalúa opciones debido a que el habeas corpus se radicó un día antes del traslado.

Por otro lado, está pendiente de atenderse otro caso radicado por la representación legal de Teófilo Ávila.

Previamente, la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había informado sobre la paralización temporal de la remoción de otros dos inmigrantes detenidos en la isla, identificados como Diogene Fermín Fernández y Martín Medina de la Cruz, por parte del juez federal Pedro Delgado, y la jueza Gina Méndez Miró, respectivamente.

En ambos recursos, la ACLU argumentó que tanto como Fermín Fernández como Medina de la Cruz no son un riesgo de fuga ni representan peligro para la comunidad.

La organización insistió en que seguirá utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal “respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico”.