Sin otro lugar donde vivir, Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, será removida forzosamente de su centenaria casa en Playuela, en Aguadilla, luego que el Tribunal de Primera Instancia decidió proceder con la orden de desalojo.

“Es como si fuera una agonía, como si algo se le desprendiera a mi corazón. Algo bien doloroso que, a veces, no tienes palabras para decirlo o explicarlo. [...] No sé lo que va a pasar, no tenemos para dónde ir, no tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos nada”, compartió la aguadillana, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Su abogada, Ariadna Godreau Aubert, explicó que -pese a la oposición formal que presentaron en noviembre- el Tribunal procedió el martes a emitir la orden de lanzamiento, fase final de un proceso de desahucio. En este caso, por ser una adulta mayor, el Tribunal dio hasta el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada coordinen con los alguaciles el desalojo, precisó la licenciada.

Aunque el proceso de lanzamiento tiene que cumplir con el debido proceso de ley, la abogada confirmó que, “por la vía legal, ya no hay nada más que hacer”.

“El caso de doña Ramona es un retrato de tantos otros casos donde adultos mayores y otras personas bien vulnerables se quedan al margen en este proceso de crisis de vivienda, donde, pues, se beneficia el lucro en vez del techo”, manifestó Godreau Aubert.

Cruz Sanabria vive en el hogar de su familia junto a su esposo y sus dos hermanos, todos adultos mayores. Con voz entrecortada, la septuagenaria recordó que su familia lleva 140 años en los terrenos que tendrá que dejar de habitar, cuya titularidad posee la empresa Playa India.

“Aquí yo nací, aquí me crie, aquí estoy. Aquí crie a mis hijos, la mitad de mis nietos, yo estoy aquí. Aquí estuvieron mi papá, mis abuelos, mis hermanos, mi familia completa”, subrayó la mujer.

En este complejo proceso, indicó, confía en Dios y en la comunidad que no la ha abandonado.

El pleito judicial por los terrenos inició en 1993, cuando la empresa Playa India presentó una demanda contra Ramona. La sentencia a favor de la compañía fue dictada el 4 de agosto de 1997. No obstante, no fue hasta 2018 que la entidad recurrió nuevamente al Tribunal de Aguadilla para pedir el desahucio, que se concedió en 2023.

Luego de acudir, en dos ocasiones, al Tribunal Supremo, el máximo foro judicial rechazó, en 2024, la reconsideración que Cruz Sanabria solicitó para intervenir y detener la orden de desahucio emitida a favor de Playa India.

A pesar del argumento de que la familia de Cruz Sanabria es dueña de la propiedad al amparo de una disposición en el Código Civil que permite la posesión de un bien inmueble si han pasado 20 años “sin necesidad de título ni buena fe” (usucapión), el Tribunal Supremo cerró las puertas para escuchar los planteamientos de ambas partes.