El Tribunal de San Juan ordenó este jueves al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) hacer público el informe que el gobierno utilizó para sustentar las enmiendas que pactó con Genera PR al contrato de operación y mantenimiento de la flota de generación eléctrica, modificaciones que se mantienen en suspenso ante el rechazo del propio regulador energético.

Según la resolución de la jueza superior María Cabrera Torres, sobre el informe que preparó la firma FTI Consulting no pesaba ningún reclamo válido de confidencialidad, por lo que ordenó al NEPR entregarlo –dentro de cinco días– al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), organización que recurrió al tribunal ante la negativa del organismo a divulgarlo.

Al momento de esta publicación, no había sido posible obtener comentarios del NEPR.

A base de la información que ha trascendido, el informe de FTI justificó las negociaciones entre el gobierno y Genera PR, que resultaron en un acuerdo para desembolsar al operador privado un adelanto de $110 millones, en 11 plazos mensuales, a cambio de eliminar a futuro el esquema de bonificaciones contractuales. El sistema de incentivos todavía vigente en el contrato permite a Genera PR reclamar hasta $100 millones anuales a base de su desempeño, por lo que la administración de Jenniffer González había planteado que las enmiendas redundarían en ahorros cercanos a los $800 millones a lo largo de nueve años.

No obstante, dos años después de comenzar a administrar la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera PR no ha podido cobrar ningún incentivo por desempeño.

“Este caso es una reafirmación del derecho a acceso a información como mecanismo para hacer real la participación de los ciudadanos y la evaluación de la gestión pública en una democracia. Más allá de los principios constitucionales que invoca el tribunal, la política pública energética exige un grado de participación ciudadana en la toma de decisiones en manos del NEPR. Esto no es posible sin acceso a la información”, planteó el director legal del ICSE, Fernando Agrait, tras conocerse el resultado de la petición de mandamus.

La organización se ha opuesto a la enmienda propuesta por considerar que elimina prácticas de control y supervisión sobre el desempeño de Genera PR.

En junio, Genera PR acudió al Tribunal de Apelaciones en busca de que revirtiera al NEPR, que detuvo la aprobación bajo la premisa de que cualquier enmienda debía contar con algún mecanismo similar a una fianza de cumplimiento, dada la precaria posición financiera de New Fortress Energy, matriz del operador. Poco después, Genera PR desistió del recurso legal para, en su lugar, demandar al NEPR en busca de que se validen $48 millones en bonificaciones que reclama para el año fiscal 2023-2024.

La gobernadora, sin embargo, ha señalado que su administración insistirá en lograr modificaciones al contrato suscrito en 2023.