Danielle Bertothy, la turista condenada por incendiar en enero de 2025 varios negocios en la zona de Combate, en Cabo Rojo, objetó a través de su representación legal la restitución de $311,096.07 que la Fiscalía federal exige a favor de una de las víctimas.

En una moción presentada este miércoles ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, su abogado Justin Gelfand contestó la moción que presentó la Fiscalía a fin de que una de las víctimas, identificada por las iniciales A.M.N., reciba dicha suma.

Aunque en el documento judicial no se identifica a la parte perjudicada por su nombre y apellido, las iniciales corresponden al comerciante Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, afectada tras el fuego del 2 de enero de 2025.

En el documento, Gelfand explicó que el debate no se centra en si A.M.N. tiene derecho a una restitución tras el siniestro, sino en la suma que se debe restituir. Agregó que la Fiscalía federal debe probar la pérdida real de la víctima con evidencia confiable y no general.

Según Gelfand, la cifra solicitada se basa únicamente en documentos no verificados y recibos sin autenticación ni explicación alguna, por lo que exigió más detalles.

Señaló que la restitución busca resarcir a la víctima y no generar una ganancia especulativa. Por esta razón, agregó que, si la víctima recibió fondos de terceros, como lo son las donaciones en “GoFundMe”, dicha suma debe descontarse de la cifra a ser restituida.

“En la medida en que A.M.N. ya haya recibido compensación a través de GoFundMe y/o contribuciones similares (y no se discute que la haya recibido, aunque sí hay disputa sobre la cantidad), dichos montos reducen necesariamente la pérdida real”, indicó.

De esta forma, solicitó al tribunal que requiera a la Fiscalía federal establecer la restitución basándose en contabilidad verificada y ajustar la cifra de acuerdo con cualquier monto que A.M.N. haya recibido previamente de contribuciones externas.

El licenciado advirtió que, sin este registro completo, cualquier cifra de restitución podría exceder la pérdida real de la víctima, otorgándole un beneficio indebido, contrario a la finalidad de la Ley de Restitución Obligatoria para Víctimas (MVRA, en inglés).

“Como mínimo, este Tribunal no puede determinar la verdadera pérdida neta de la víctima sin una contabilidad completa y fiable de toda la compensación recibida, incluyendo los ingresos de la financiación colectiva. Sin dicha contabilidad, cualquier cifra de restitución podría superar la pérdida real de la víctima y, por lo tanto, otorgarle la misma ganancia inesperada que el Primer Circuito ha decidido en contra”, dijo.

Los hechos que dieron paso a este caso se remontan a la madrugada del 2 de enero de 2025, cuando Bertothy provocó un incendio que afectó los establecimientos Bar Marea, Marinera Restaurant y Artesanías Juavia, y la hospedería Luichy’s Seaside.

Tras el incendio, Bertothy, quien se encontraba de vacaciones en la isla, abandonó el país, pero su nombre comenzó a trascender en las redes sociales. Tiempo después, las autoridades estatales confirmaron que figuraba como sospechosa en la investigación.

Posteriormente, el 16 de enero de 2025, un gran jurado federal emitió una acusación por incendio premeditado a la turista de Missouri, lo que provocó que fuera arrestada y extraditada a Puerto Rico. Tras el proceso judicial, la mujer se declaró culpable por el incidente.

Finalmente, la jueza Gina Méndez Miró, del Tribunal Federal en el Viejo San Juan, sentenció a Bertothy a 60 meses o cinco años de prisión, otros tres años de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario después de salir de la cárcel.

En una moción, la Fiscalía federal recomendó que la convicta pagara $336,572.27 a las víctimas, una cifra que se desglosa en $311,096.07 para el primer perjudicado; $3,333 para el segundo; $4,155 para el tercero; $2,179 para el cuarto; $5,838 para el quinto; y finalmente, unos $9,971.20 para el sexto.

Sin embargo, durante la vista de sentencia, la fiscal Corinne Cordero Romo indicó que todavía estaba esperando que algunas víctimas contestaran la petición de entrega de recibos o alguna otra evidencia que pruebe las pérdidas, para determinar la cifra total.