Luis Alberto Ferré Rangel
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Acelerando la innovación social

Puerto Rico tiene los activos y los recursos necesarios en el sector público, privado y no gubernamental para acometer los proyectos de país que nos llevarán a nuestra nueva etapa de transformación social.

Estos activos no están articulados aún entre sí y los sectores aún no se reconocen como cogestores de iniciativas de punta que pueden romper esquemas y crear nuevas posibilidades para atender de una manera innovadora y sustentable los retos que enfrentamos en el mundo de la post pandemia.

Países como Colombia y Costa Rica llevan años usando las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo Sustentable (APPDS) para unir esfuerzos de todos los sectores en el asunto de la habitabilidad de las ciudades y en la educación pública, respectivamente.

Un modelo parecido utilizado en varias ciudades en Estados Unidos y Canadá han sido los “Community Based Private Public Partnerships” (CBP3, por sus siglas en inglés) particularmente en el ámbito del manejo del recurso agua y zonas costeras.

Una APPDS es un mecanismo por el cual cuatro actores sociales - el sector privado, el sector público, el sector no gubernamental y la comunidad - pactan un acuerdo para adelantar uno o varios objetivos de desarrollo sostenible.

Los proyectos de una APPDS pueden surgir de los sectores como educación, salud, trabajo, infraestructura, medio ambiente y desarrollo local, entre otros, usualmente usando como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

El lenguaje en nuestra Ley de Alianzas Público Privadas (APP) es exiguo y tenue con respecto al potencial de las APPDS y aunque las leyes de 2014 y de 2017 intentaron atender el asunto, lo cierto es que la Legislatura tendrá que someter una nueva ley que articule de una manera más contundente y clara la política pública tras las APPDS.

Muchos de los que leen esta columna han estudiado este tema e inclusive han trabajado en alguna APPDS fuera de nuestra isla. Un anteproyecto de ley que viabilice la política pública debe estar ya casi redactado en los escritorios o en la cabeza de muchos ya.

Las ventajas de una APPDS a diferencia de una APP tradicional es que la participación de la comunidad y/o de las organizaciones sin fines de lucro podría garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas del proyecto.

La gobernanza y el marco jurídico y administrativo de los proyectos serán un reto, puesto que carecemos de voluntad y experiencia para trabajar transectorialmente.

Pero la verdad es que tanto el sector privado, como el público (municipal, particularmente) y las organizaciones sin fines de lucro (desde fundaciones locales hasta las organizaciones de base) están luchando por aplicar técnicas de sustentabilidad para nuestro desarrollo social. Pero lo estamos haciendo desarticuladamente y por separado.

Fundaciones internacionales y de Estados Unidos estarían dispuestas a invertir en Puerto Rico en proyectos de transformación social enmarcados en las Metas Globales. Muchas están acostumbradas y conocen cómo trabajar en una APPDS.

En Puerto Rico cada día surge un emprendimiento social que necesita capital y mentoría. Cada vez más el sector privado, sus empleados y clientes buscan maneras de adelantar comportamientos corporativos y de mercado que apoyen el desarrollo sostenible. Y cada vez más hay municipios con alcaldesas y alcaldes visionarios que se están atreviendo a unir diversos sectores en emprendimientos municipales integradores y participativos.

Las APPDS no son la panacea, como tampoco lo han sido las APP tradicionales en Puerto Rico enfocadas en grandes proyectos de infraestructura. Pero no dejan de ser una gran oportunidad para hacer país de una nueva manera.

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