El acuerdo alcanzado por el Comité de Finanzas del Senado estadounidense que permitiría asignar a Puerto Rico casi $12,000 millones en fondos Medicaid para los próximos cuatro años, es para saltar de alegría tomando en cuenta la que se nos venía encima. Pero tiene unas restricciones que los candidatos a la gobernación deben comprometerse a cumplir.

No les queda de otra, ni les queda ninguna.

El acuerdo deviene en un alivio, porque la semana pasada la gobernadora Vázquez avisaba de que había enviado una carta a los principales líderes del Congreso, advirtiéndoles que para fines de febrero Medicaid se quedaba sin fondos. La carta seguramente fue solicitada desde Washington como parte de los trámites y la oficialización del acuerdo. Los fondos servirán para costear los servicios de salud que recibe un millón doscientas mil personas, más de la tercera parte de la población.

Sin el dinero que proviene de esas asignaciones, el plan de salud Vital se hubiera hundido, y tanto las oficinas médicas como los hospitales hubieran empezado a rechazar pacientes, provocando el colapso en las instalaciones públicas, como el Centro Médico.

Hace alrededor de un mes, la Clínica de Ortopedia de la Escuela de Medicina dejaba de aceptar pacientes del plan del gobierno. Me imagino que las personas que debían ser atendidas y operadas allí, fueron a dar con sus huesos —nunca mejor dicho— a otras instituciones del propio Centro Médico, que es obvio que se están viendo abarrotadas por sus propios pacientes regulares, y por los que ya no acepta la Clínica de Ortopedia. Las Navidades están a la vuelta de la esquina, y por lo tanto a la vuelta de la esquina están también los resbalones y los accidentes. Mucho movimiento para las salas de emergencia, sobre todo en lo que respecta a traumas y fracturas.

Ahora que los runrunes políticos están a la orden del día, y los comentaristas se muestran sobresaltados con el que se postula o el que se sale de carrera, o el que pegará la sorpresa y se llevará el gato al agua (llevarse el gato al agua es alzarse con la candidatura a la gobernación), a muchos nos gustaría saber qué piensan hacer los candidatos a la gobernación frente a las condiciones impuestas en el acuerdo estadounidense para que Puerto Rico haga el mejor uso de los fondos, y el nombramiento de síndicos a diestra y siniestra. En el caso de Salud, tienen que tragar con las auditorías y hasta con los conceptos salubristas que emanen de quienes ponen el dinero.

Hace apenas unos días, la zozobra reinaba en el gobierno. Las asignaciones que quedaban de la Ley Obamacare, sumaban, al 1 de octubre, unos $586 millones, que se agotarían la próxima semana, con lo que hubieran tenido que echar mano a los últimos $375 millones que ya había aprobado el Congreso. Eso alcanzaba hasta febrero. La situación sin duda era desesperada, pero aquí, como en las “Nanas de la cebolla” de Miguel Hernández, se le dice a la gente: “No te preocupes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre”. Así fue hasta que la tarde del pasado viernes se anunció el acuerdo del Senado estadounidense, que incluye recias medidas para controlar el uso que se le dará a los fondos.

Los candidatos a la gobernación tienen que atemperar sus promesas a las condiciones que ahora les imponga Washington. Es eso o el diluvio. No hay manera humana de que puedan disponer de los fondos según su criterio, sin pasar por el cedazo de unos vigilantes o monitores financieros que les exigirán auditorías y rendición de cuentas.

Para todos los efectos, aunque en Puerto Rico tengamos un Departamento de Salud, las políticas que se afincan en la asignación de fondos federales, o sea, prácticamente todas, emanarán de un ente regidor designado en Washington por congresistas demócratas y republicanos, que están de acuerdo en que aquí nadie moverá una camilla —ni comprará un helicóptero— sin su visto bueno.

Esos debates entre los candidatos a la gobernación los quiero ver yo cuando hablen de la atención médica y del plan de salud del gobierno. No nos pueden seguir pintando castillos en el aire, si antes no nos aseguran que los castillos han sido aprobados por un síndico. Las reglas del juego han cambiado. Y más que cambiarán en los próximos meses, con estrictos controles que igualmente han de imponerse en Educación, Finanzas Municipales e incluso en Puertos y Carreteras.

Ya sé que la promesa más bien unánime de los políticos es suprimir los fondos a la Junta de Control Fiscal tan pronto asuman el poder. Y les pregunto, ¿a los síndicos, a los monitores financieros, qué les van a suprimir, el aire?

La vieja política no es la alternancia de dos partidos, eso no es cierto. La vieja política es una manera de eludir la realidad y engatusar a la gente con promesas que no tienen el mínimo agarre objetivo.

Antes de que se alcanzara el acuerdo en el Senado estadounidense, cuando la gobernadora dijo que el dinero del Medicaid daba para dos meses, sus adversarios (ni los gallitos candidatos que andan por ahí), le contestaron, ni reaccionaron, ni se atrevieron a entrar en un debate sobre el tema. Miraron para otro lado. Hasta que el viernes, ya entrada la tarde, llegó la tabla de salvación del republicano Grassley y del demócrata Wyden. El uno de Iowa y el otro de Oregón. ¿Es normal no profundizar en ese grado de dependencia, e integrarlo a un debate valiente, sin ficción? No, no es normal, habría que hablarlo y eso sería lo nuevo en la política local. Lo viejo es evitar los temas espinosos, hacer como si no existieran. Esa es la pura ancianidad, venga de donde venga, aun de los jóvenes.