El derecho constitucional a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental con fuerza de ley, y goza de garantías de protección en todas las sociedades democráticas modernas. Este derecho no es de origen natural ni emana de la voluntad divina, sino de un pacto político de convivencia entre los seres humanos. En este sentido, más que pensarlo como acto de fe, es preciso comprenderlo en su dimensión histórica y en su relación con la realidad de la vida social contemporánea.

Considerando la inmensa diversidad de creencias religiosas —muchas antagónicas e irreconciliables entre sí—, los estados de Derecho se han visto compelidos a imponer regulaciones y restricciones precisas a sus manifestaciones concretas. Esto no debe juzgarse como acto de injerencia indebida del poder de gobierno o como usurpación o menoscabo de las libertades constitucionales de la ciudadanía religiosa.

La historia de las religiones está saturada de violencias mortales, de agresiones físicas y atropellos a la dignidad humana; y ligada a políticas de discrimen, marginación y segregación; a pena de muerte, torturas y encarcelamientos, como en los estados teocráticos. A nombre de la conciencia religiosa, muchas naciones se han declarado la guerra; han esclavizado y exterminado poblaciones enteras; y los habitantes de un mismo pueblo se han masacrado entre sí por imponer sus creencias religiosas.

Cultos del pasado incluían sacrificios humanos y algunos devotos todavía incitan suicidios en masa; otros por fe desprecian la ciencia y dejan morir a sus hijos cuando enferman. Los fraudes son incalculables.

En un mundo donde numerosos creyentes interpretan literalmente los antiguos textos sagrados, es de interés apremiante para los estados poner frenos legales y morales a las violencias religiosas. Sería, cuando poco, irresponsable, ignorar que gran parte del terrorismo está ligado a fundamentalismos religiosos; y que una porción de matanzas a civiles las cometen psicópatas tan religiosos como cualquier hijo de vecino.

Para propiciar condiciones de coexistencia social, y garantizar derechos civiles y humanos a todos, es imperativo derogar el proyecto legislativo que pretende “restaurar la libertad religiosa en Puerto Rico”.