Tomo prestado el título del artículo que recientemente publicó en la Revista Jurídica de Harvard Mark Lemley (connotado profesor de Derecho en Stanford) para pasar revista sobre las decisiones más importantes que el Tribunal Supremo federal tomó durante este año 2022 que en breve finaliza. (Consúltese 136 Harv. L. Rev. 97 (2022)).

Si 1954 pasó a la historia como el año en que la Corte Warren, después de casi un siglo de traspiés, se abrazó a una visión emancipadora del precepto constitucional de la igual protección de leyes (véase Brown v. Board of Education), 2022 pasará a la historia como el año cuando, por vez primera, la máxima curia federal anuló de un plumazo un derecho fundamental federal previamente concedido.

Eso fue lo que pasó el pasado 24 de junio, en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, cuando una corte dividida 6 a 3, por voz de Samuel Alito revocó a Roe v. Wade --- resolviendo que el derecho a la intimidad que emana de la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda no protege la autonomía reproductiva de la mujer. Y, lavándose las manos como el cobarde Poncio Pilato, esa mayoría del Tribunal dejó a la deriva a millones de mujeres, ahora a la merced de los vaivenes de la política chiquita a nivel de los estados.

Y mientras la Corte Roberts desdibujaba los más caros derechos libertarios con respecto a la autonomía del individuo sobre su cuerpo y su persona, por el otro lado, hacía suya una lectura retardataria de la Segunda Enmienda --- haciendo casi imposible la reglamentación por parte del Congreso y las legislaturas estatales de las armas de fuego.

Y todo esto en uno de los años más sangrientos en las escuelas norteamericanas, cuando se han registrado más de 300 incidentes de violencia con armas de fuego.

El día antes de que bajara la revocación de Roe, aparecía Clarence Thomas anunciando la decisión del Tribunal en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen --- descuartizando el estándar que por años había establecido la corte para evaluar la constitucionalidad de la reglamentación estatal e imponiendo un nuevo estándar: de ahora en adelante ninguna norma que restrinja la tenencia de armas de fuego podrá sobrevivir el escrutinio judicial, si el estado no puede demostrar que su regla es consistente con “la tradición histórica de la Nación” en esta área.

Es increíble que el segundo juez afroamericano en la historia del Tribunal Supremo insista en aplicar los estándares del siglo 18 en pleno siglo 21. Olvida, quizás, que sin la evolución ideológica que se ha dado desde entonces, él ciertamente no estaría sentando donde está y con toda certeza aun estuviera en Pin Point Georgia, recogiendo algodón. Triste espectáculo.

Y mientras se hacía sal y agua el derecho a la intimidad de la mujer y se desprotegían los niños en las escuelas en medio de un mar de sangre, la Corte Roberts también le tiró su zarpazo al medioambiente, cuando en West Virginia v. Environmental Protection Agency resolvió diluir el poder de reglamentación de las agencias administrativas, y en particular de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Aquí también el tribunal se inventó un nuevo estándar: el Congreso ahora tendrá que incluir en la ley “de forma explícita” su delegación de autoridad reglamentadora a la agencia.

A 100 años de Balzac, el Supremo repitió en Vaello Madero que Puerto Rico es un territorio al arbitrio de los poderes plenarios del Congreso, y que las migajas que nos llegan vienen no porque tengamos el derecho a ellas sino por gracia congresional; que el día que el Congreso cambie de parecer (¿se recuerdan de las 936?) podrá hacer lo que le venga en gana.

No sorprende, entonces, que esa misma Corte Roberts haya rechazado ver el caso de las pensiones de los maestros puertorriqueños, y ni hablar del caso de los galleros. Igual sucedió con el caso de la Samoa Americana y el alcance de la cláusula de la ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda (Fitisemanu v. United States).

Al cerrar este 2022, pende sobre un hilo la política de acción afirmativa cuya suerte decidirá el tribunal en los próximos meses (Students for Fair Admissions v. Harvard), el rumbo de la asimétrica relación entre los estados y las tribus indias (Haaland v. Brackeen), el futuro de los préstamos de estudiantes, los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ (303 Creative LLC v. Elenis) e inclusive la supervivencia de nuestro derecho a la información pública, según tutelado por nuestra Carta de Derechos en el caso de Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Control Fiscal --- a ser argumentado el próximo 11 de enero.

Así las cosas, la mesa está servida. Ni la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de medio término, ni la entrada al Supremo de la nueva jueza asociada Ketanji Brown Jackson, primera afroamericana en el alto foro, y ni siquiera la implosión política de Donald Trump, despintan la innegable realidad: estamos ante un Supremo con aires imperiales que lejos de fortalecer la separación de poderes lo que ha hecho es cada día apropiarse de más poderes para sí.

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