Nuestros agricultores y pescadores, más allá de ser agentes que pueden salvaguardar nuestros recursos naturales y agrícolas, son claves para fortalecer nuestra seguridad alimentaria. Lamentablemente, han pasado desapercibidos durante la emergencia que estamos atravesando en Puerto Rico, debido al coronavirus que causa COVID-19. La pandemia por la que estamos atravesando nos debe hacer conscientes de nuestra precaria seguridad alimentaria y motivarnos a tomar acciones contundentes en pro de nuestro sistema agroalimentario. 

La Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) destaca que la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios de islas y archipiélagos como Puerto Rico es mayor que la de países continentales. Importamos alrededor del 85% de nuestros alimentos y la enorme mayoría proviene del puerto de Jacksonville en la Florida. Para colmo, casi todo llega al puerto de San Juan. Si la pandemia pasa a niveles mayores, puede que nuestras cadenas de suministros se vean obstaculizadas. Por ello es importante que tengamos un sistema agroalimentario robusto que pueda satisfacernos significativamente. 

Antes del huracán María, se habían alcanzado oportunidades positivas en el sector agrícola y de la pesca. Parecía que poco a poco nos íbamos concientizando de la importancia de tener una soberanía alimentaria: el poder y el control de producir nuestros alimentos y que pescadores y agricultores fueran parte de la toma de decisiones que incide en sus trabajos. No puede haber seguridad alimentaria si no hay soberanía alimentaria. Sabemos lo que pasó después de María y aún nuestro sistema agroalimentario continúa recuperándose. 

Nuestros agricultores y pescadores, muchos de ellos mayores de 50 años, tienen que competir con importaciones baratas; su acceso a mercados locales es difícil, más no cuentan con el apoyo gubernamental que reduzca la burocracia que enfrentan para poder producir los alimentos que nos nutren. Cabe destacar que gran parte de ellos produce a pequeña escala. Venden sus productos de manera independiente, ya sea en sus comunidades o a comerciantes pequeños. Aunque el toque de queda impuesto por la gobernadora no les aplica a productores de alimentos al por mayor, como a supermercados, por ejemplo, sí afecta a vendedores ambulantes, mercados agrícolas y otros puntos de venta alternativos. Esto a su vez impacta a agricultores y pescadores. 

En este diario, el Secretario de Agricultura reportó que los mercados familiares se cancelarían y que prevé la pérdida de productos agrícolas. De igual manera, la prensa ha reportado intervenciones indebidas que se han hecho contra agricultores y lugares dónde estos venden sus productos, como restaurantes. Sí, el distanciamiento social es importantísimo para evitar la propagación del coronavirus. Pero, ¿se tomó en cuenta cómo el toque de queda podría lacerar aún mása nuestros pescadores y agricultores? ¿Se consideró cómo la cancelación de sus actividades de venta podría amenazar nuestra seguridad alimentaria?

Mientras continuemos dependiendo de cadenas de suministros que no podemos contralar debido a las leyes de cabotaje y otras medidas federales y locales, ni efectuemos políticas en pro de nuestros agricultores y pescadores, nuestro sistema agroalimentario no estará preparado para alimentarnos. No tenemos la soberanía alimentaria necesaria para crear un sistema agroalimentario que nos provea la seguridad alimentaria que merecemos como archipiélago que somos. Si algo nos han enseñado los pasados desastres, a través de las políticas y escollos burocráticos que enfrentan nuestros agricultores y pescadores, es que no podemos reducir nuestra vulnerabilidad agrícola a un “problema de producción”. Que esta pandemia nos haga más conscientes de la importancia de desarrollar una soberanía alimentaria para alimentarnos a nosotros mismos.