Phillip Arroyo

Desde la diáspora

Por Phillip Arroyo
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Tras el plebiscito: ¿democracia o dinero?

En mi anterior columna en ENDI.COM hice un llamado a nuestro pueblo puertorriqueño a no participar en ese plebiscito, enumerando mis razones. Tras la consulta, he observado cuidadosamente las reacciones en la nación estadounidense y he analizado objetivamente la información que numerosos de mis contactos en Washington, D.C. me han facilitado. A seguir enumero mis dos observaciones más esenciales sobre los argumentos a favor y en contra el resultado de la pasada consulta.  

Poca participación

La consulta plebiscitaria tuvo la participación electoral más baja de todos los plebiscitos llevados a cabo en nuestra Isla. Solo el 22% acudió a las urnas para decidir un asunto tan trascendental para Puerto Rico. Como todos sabemos, tan importante es el tema de status en Puerto Rico, que nuestros principales partidos políticos están fundamentados en alineaciones ideológicas ligadas al centenario dilema. Es imposible e irresponsable ignorar la caída estrepitosa de la participación electoral. Ello debe causar gran preocupación.

Reducir la participación electoral ha sido un método utilizado por países y regímenes totalitarios para, poco a poco, usurpar los derechos de sus ciudadanos, cimentando así una tiranía definitiva. Cuando se aprobó la ley PROMESA, creando una Junta no electa de siete personas nombradas por el Congreso de los Estados Unidos unilateralmente para gobernar a Puerto Rico, se propinó un golpe devastador y desmoralizante contra la psiquis puertorriqueña.  

La ley PROMESA ha causado que muchos boricuas hayan perdido la fe en el sistema democrático y en la alegada autonomía que los Estados Unidos por más de medio siglo les había asegurado que tendrían a través del mal llamado Estado Libre Asociado. Cuando la Junta fiscal no electa tomó control del Gobierno de Puerto Rico a la fuerza, la ilusión de “autonomía y democracia” que nos vendió los Estados Unidos resulto ser totalmente falsa.

Esto solo empeoró la desilusión que el pueblo de Puerto Rico experimentó cuando Estados Unidos ignoro los resultados del plebiscito de 2012, en el que el 54% del pueblo rechazó el sistema colonial en la Isla y un 61% votó por la estadidad en la secunda papeleta.

Cuando el país más poderoso del mundo, que se ha autoproclamado y continúa exponiéndose como el portaestandarte de la libertad y le democracia, mundialmente ignora mandatos democráticos de un pueblo de 3.5 millones de sus propios ciudadanos, algo anda gravemente mal.

A diferencia de muchos compatriotas e incluso compañeros y compañeras independentistas, siempre he mantenido la postura de que la victoria de la estadidad por un 61% del voto en 2012 fue válida y debió ser acatada por Estados Unidos.

Por los pasados cinco años, la excusa que ha utilizado el Gobierno de Estados Unidos para ignorar los resultados del plebiscito de 2012 ha sido que el proceso no contó con aval del Gobierno federal. Pero omite que el Congreso de Estados Unidos jamás ha provisto un mecanismo federal para resolver del status. En esta ocasión, todo parece a indicar que Estados Unidos se agarrará de la poca participación en el pasado plebiscito para no atender el problema colonial de la Isla.  

Los medios nacionales y sus publicaciones noticiosas más prestigiosas le han restado peso al plebiscito porque, según ellos, la participación electoral de 22% fue demasiada baja para atender el tema de manera seria.

Como independentista, tengo que diferir respetuosamente con aquellos hermanos y hermanas en el ideal por la libertad que comparten esta postura de los medios estadounidenses. A mi juicio, en una democracia, los que cuentan son los que votan en un proceso electoral. Estados Unidos no tiene fuerza moral para condicionar su atención a resultados electorales en Puerto Rico basado en niveles de participación electoral. En Estados Unidos, solo un promedio de 56% de la población ha votado en elecciones presidenciales en los pasados 100 años y solo un 39% ha participado en las elecciones de mitad de cuatrienio para elegir a los miembros al Congreso en la pasada década.

De 2000 a 2017, Puerto Rico ha gozado de una participación electoral fuerte de sobre 75% en las elecciones generales. A pesar de ser independentista, reconozco que dentro de la población que salió a votar en el pasado plebiscito, la abrumadora mayoría eligió la estadidad. Vislumbro que Estados Unidos ignorará los resultados nuevamente, exponiendo y solidificando aún más su gran hipocresía cuando de democracia se trata.  

Balón político para demócratas

A los estadistas en la Isla les advierto que no se dejen llevar por las emociones luego de escuchar a políticos americanos como los congresistas por el estado de Florida, Darren Soto y Stephanie Murphy, quienes anunciaron su apoyo a la estadidad. Recuerden que decenas de políticos a través de la historia de Estados Unidos han apoyado la estadidad verbalmente para luego darle la espalda. La inmensa mayoría lo ha hecho por interés político en los distritos que representan.

El congresista Soto representa el distrito congresional 9  de Florida, cuya población es 46% hispana, en su mayoría puertorriqueña que llego a Kissimmee en busca de la estadidad. Por eso su apoyo a la estadidad le beneficia.

Mientras, el historial de donaciones de la congresista por Florida, Stephanie Murphy, arroja miles de dólares provenientes de cabilderos estadistas. En el pasado, muchos demócratas como Soto y Murphy han sido tímidos al momento de opinar sobre la estadidad. Sin embargo, el resultado del plebiscito pasado les da la oportunidad dorada para usar el tema como balón político y politiquear por los “derechos civiles” de los puertorriqueños, sabiendo muy bien que los resultados serán ignorados por el Congreso.

Invito a los estadistas a también recordar que los demócratas bajo el liderato del senador Harry Reid en 2010 dejaron morir  el proyecto de status HR 2499, aunque los demócratas eran la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El apoyo de políticos estadounidenses a la estadidad nace de sus propios intereses políticos y no del interés del pueblo de Puerto Rico. No se dejen coger de tontos.  

En resumen, los resultados del plebiscito pasado serán ignorados por Estados Unidos nuevamente porque, como he señalado en casi todas mi columnas, el poder del dinero en el sistema electoral de los Estados Unidos siempre prevalece. Las corporaciones americanas más poderosas evaden miles de millones de dólares en contribuciones federales a través de sus plantas en la Isla. Si Puerto Rico se convierte en estado, esas corporaciones perderán ese incentivo contributivo, lo que resultaría en pérdidas para ellas, que son donantes de todos los miembros del Congreso. En arroz y habichuelas, las corporaciones americanas más poderosas en los Estados Unidos tienen a todos los miembros del Congreso en el bolsillo. El dinero manda en la nación americana, no la democracia.  

Basta con mirar quién es el presidente de ese país; un multimillonario que ha centrado su vida y su propósito en la acumulación de riquezas, mientras humilla y desprecia a los menos pudientes y pobres.

Donald Trump es un reflejo de la filosofía capitalista de Estados Unidos compuesta por los pilares de arrogancia, poder y dinero, los mismos que llevaron a Roma hacia su colapso total.  

Estados Unidos tienen ante sí dos resultados plebiscitarios consecutivos en los que el pueblo de Puerto Rico ha rechazado la colonia.

¿Qué prevalecerá? ¿La democracia o el dinero?  

Si prevalece el dinero, como pronostico, espero que el liderato estadista se una finalmente  a las filas del independentismo, como hice yo, para finalmente lograr lo que merecen todos los puertorriqueños; un Puerto Rico libre y soberano.  

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