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Al momento de escribir esta columna, la legislación que habilita la “salida” de la primera quiebra del gobierno caminaba por terreno incierto. A pesar de los acuerdos entre los representantes del quebrado (el gobierno de Puerto Rico y la Legislatura) y el síndico (Junta de Supervisión Fiscal) para aprobar el Proyecto de la Cámara 1003 que permitiría llevarle a la jueza de Quiebras Laura Taylor Swain el Plan de Ajuste de la Deuda Constitucional (PDA), la realidad es que, en lo sustantivo, no ha cambiado nada.
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