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Corría el 1996, y el Congreso de Estados Unidos, con la aprobación del gobierno local, pasaba legislación para derogar la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Este mecanismo, proveía beneficios contributivos a nivel federal a manufactureras que se establecieran en la Isla y junto a su antecesora, la Sección 931, fueron la espina dorsal de la estrategia de industrialización de Puerto Rico.
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