Un segundo policía ha fallecido a causa del COVID-19. La lamentable pérdida surge mientras se sigue desvaneciendo lo que antes fue una esperanzadora reforma de la Policía de Puerto Rico.

Hoy, el gobierno de Wanda Vázquez se ha dado cuenta de que esto ya no es una reforma sino una serie de trámites que resultan ser un negocio caro.

Así se lo dejaron saber al juez Gustavo Gelpí, quien es presidente del Tribunal federal en Puerto Rico y además lleva el caso de la reforma policiaca desde sus inicios.

Los representantes legales del gobierno objetaron la factura del mes de abril y abrieron una caja de Pandora, o como dirían en la corte federal “a can of worms”, que muy difícilmente van a poder resolver.

La reclamación del gobierno en torno a la facturación del pasado mes de abril era esperada. Ya habíamos mencionado el tema en este mismo espacio, bajo el título “Le vuelven a fallar a los policías”. 

El 1 de abril de 2020, Gelpí ordenó que se preparara un plan de trabajo para los policías considerando el avance del COVID-19, de cara a una pandemia. El plan debía ser entregado el 8 de abril. 

En la columna citada, planteamos que no era necesaria esa orden, ni los gastos asociados a la misma, porque ya el plan existía. Había sido preparado en el 2013 y actualizado en 2015.

Cuestionamos que se pagara a los asesores de la corte en la reforma de la Policía por hacer un “copy paste” de un documento existente o que personal de la agencia estatal tuviera que sacar toda esa información y someterla de nuevo a los asesores de la corte.

El gobierno estatal objetó la facturación de abril pasado ante el juez Gelpi alegando una falta de transparencia, que se relaciona con trabajo facturado y sobre facturado, entre otros aspectos. 

Esta controversia no tiene nada que ver con la reforma. Sin embargo, refleja ampliamente lo mal que va esa gestión. Mientras, el interés apremiante de todo esto es cuánto van cobrar los abogados y consultores que están involucrados en la reforma versus el bienestar de la Policía y la seguridad del pueblo. 

En la orden emitida por el Tribunal federal el pasado 14 de mayo, a la que tuvimos acceso y pudimos analizar. Gelpí resalta que es la primera vez en siete años que el gobierno se niega a pagar. El texto entra en una narrativa de justificación de los asesores de la corte en este caso.

Claramente se aprecia que el cuestionamiento sobre la fracturación de abril esté enfocado no solo en el monitor y su personal, sino en asesores del caso.

El Departamento de Justicia federal y su representante legal apoyan la posición la decisión del tribunal, pero como hemos señalado en múltiples ocasiones ambos son gran parte del problema. 

La posición del gobierno de Puerto Rico es totalmente válida y aun cuando el juez decidió en contra, el gobierno local hizo lo correcto, lo responsable.

¡Juzgue usted!