En las pasadas dos semanas, la obsesión republicana con destruir el legado de Barack Obama en el tema de salud ha llegado a su punto culminante. Sin duda, esto tiene implicaciones negativas para los puertorriqueños de aquí y para los de que viven en Estados Unidos.

Recientemente se han barajado en el Senado federal diversas opciones en torno a cambios al sistema de salud americano: eliminar por completo el Obamacare, eliminarlo y sustituirlo con una medida de la Cámara de Representantes, aprobar una versión senatorial o una combinación de ambas.

Desesperados, los republicanos han decidido votar sobre cada versión hasta que se apruebe alguna. Al momento de escribir esta columna, ya varias opciones habían sido derrotadas. Una de ellas incluso buscaba quitarle a 22 millones de ciudadanos americanos la cubierta de Medicaid, la otra se lo quitaría a 32 millones.

Si los republicanos pretenden quitarle el Medicaid a los más necesitados de los estados, para Puerto Rico la situación es aún más preocupante. Todas las alternativas debatidas tienen algo en común: no asignan recursos a Puerto Rico. Aunque fuera del proceso actual hay espacios en el futuro para conseguir los fondos, tenemos que afinar la estrategia y reenfocar el mensaje puertorriqueño en Washington.

Cabe señalar que, históricamente, Puerto Rico ha logrado consensos exitosos en la capital federal para garantizar fondos de salud mediante cabildeo no-partidista y presión cívica. Sin embargo, en este año apenas se han obtenido poco más de la mitad de los recursos necesarios para evitar el colapso de la Tarjeta de Salud en los primeros meses de 2018. La situación pinta más crítica aún para el año fiscal 2019, para el cual prácticamente no hay un centavo asignado.

El tradicional trabajo en equipo, sin embargo, se ve interrumpido por el confuso mensaje de la comisionada residente Jenniffer González y el gobierno de Ricardo Rosselló en Washington. Aparte de la flamante “delegación” del Plan Tenesí, el gobierno tiene una nómina millonaria de cabilderos dedicados a empujar a la cañona el tema de la estadidad. Claro está, para nadie es sorpresa que dicho reclamo ha sido ignorado por los congresistas con jurisdicción sobre el tema, tales como la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, y el representante Rob Bishop.

Lo peor es que el costo de la insistencia estadista ya es palpable: ante la falta de fondos federales para costear el programa Mi Salud, la Administración de Servicios de Salud (ASES) ha tenido que recurrir a reducir la lista de medicamentos disponibles para la gente y a pagarle menos a las farmacias y laboratorios, entre otras medidas, que terminan afectando directamente a los más necesitados.

Es hora de reenfocar la estrategia inmediata en Washington DC y continuar nuestros reclamos con una sola voz. En los próximos meses, el gobierno debe echar a un lado las pretensiones estadistas y concentrar recursos y energías en unir voluntades para juntos luchar por la obtención de los fondos necesarios para proteger la salud de la ciudadanía. La salud de 1.6 millones de puertorriqueños y la estabilidad de nuestro sistema de salud está en juego; para ese esfuerzo conjunto todos debemos estar disponibles.