Cada visita que hemos realizado a la capital federal desde el 2017 tiene un eje central: reclamar y exigir el trato igual, la estadidad. Esta semana me encuentro nuevamente en Washington DC, junto a compañeros de la Cámara de Representantes, la gobernadora, la comisionada residente y el presidente del Senado llevando precisamente ese mensaje, pero con un mayor grado de urgencia.

No cabe duda alguna que el azote del histórico y devastador huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017 cambió la manera en la cual muchos congresistas, de ambos partidos políticos nacionales, ven a la Isla y sus necesidades. Ahora, como resultado de la cobertura noticiosa de ese evento, son más los representantes y senadores federales que avalan el trato igual, la estadidad.

En las reuniones que hemos sostenido hasta ahora tanto con oficiales como con el director de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, Douglas Hoelscher, he sido claro que el problema de Puerto Rico es la falta de poder político, la desigualdad y que la única manera de solucionar eso es con la admisión. Todo lo demás sería como colocar una curita a una herida que requiere puntos de sutura para sanar.

La falta de dos senadores y cinco representantes-lo que sería nuestra delegación cuando seamos un estado de la unión- permite que se tomen decisiones que afectan directamente la vida de sobre 3.1 millones de ciudadanos americanos muchas veces sin consulta alguna, como fue el caso de la reasignación de fondos para la Guardia Nacional.

Esa desigualdad también ha hecho que agencias como la Agencia federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, actúe de manera lenta y burocrática en el desembolso de fondos federales asociados a la recuperación, colocando así en riesgo ese vital trabajo.

Lo mismo sucede con los recursos asignados a vivienda, los cuales han tardado demasiado en venir.

La realidad es que en Puerto Rico ahora mismo hay compañías que trabajan en la rehabilitación y construcción de hogares para víctimas de María que no están haciendo nada debido a la falta de desembolso del Departamento de Vivienda federal.

No hemos recibido trato igual y esa es la realidad.

Puerto Rico recibió un trato injusto en comparación con los estados y otras jurisdicciones. Por ejemplo, nueve días después que el huracán Harvey impactara al estado de Tejas, FEMA aprobó el envío de unos $141.8 millones en ayuda directa. En ese mismo periodo de tiempo, Puerto Rico apenas recibió la cantidad de $6.2 millones, a pesar de que la devastación fue mayor en la Isla por mucho.

De más está hablar de otros programas, como el caso de Medicaid, el cual sufraga parte de los costos de la Reforma de Salud en Puerto Rico. Con el paso de María, el Congreso aprobó una dispensa que nos provee el 100 por ciento en reembolso por dos años, lo que se extendió recientemente a un año más. Sin embargo, el Congreso votó por extender esa misma cifra (100%) a Tejas por cinco años, a pesar de que ese estado recibe el 84 por ciento de reembolso federal y Puerto Rico apenas un 45.

Nuestra agenda en Washington no es otra que colocar a Puerto Rico primero. Para ello tenemos que lograr la admisión, como ha pedido el pueblo en los dos últimos eventos plebiscitarios, en el 2012 y nuevamente en el 2017. Cualquier cosa menos de eso nos coloca en este mismo lugar.

Para ello, queremos que el gobierno federal implemente pasos concretos para comenzar el proceso de admisión, como lo ha pedido el pueblo. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que seguiremos impulsando.